Por muy ciencia ficción que parezca, el régimen de los Castro fue reelecto para un nuevo período como miembro del Consejo de Derechos Humanos gracias a la votación realizada este viernes en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en New York.
Esta increíble situación es la postal perfecta de aquello que no sólo afecta a los cubanos y es el total desprendimiento entre la realidad de los países, las denuncias de los organismos no gubernamentales y los ambiciosos -y hasta cierto nivel delictivos- compromisos o alianzas entre Estados que se respaldan mutuamente para garantizar al menos cierta impunidad en sus acciones.
Cuba estaba en la lucha por uno de los dos asientos vacantes en el grupo de América Latina y el El Caribe así como lo hacían también Brasil y Guatemala.
La candidatura cubana logró el respaldo (increíblemente) de 160 de los 193 Estados miembros, mientras que la brasileña obtuvo 137 votos a favor, por su parte la guatemalteca se quedó atrás con 82.
Según el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, la reeleción no tiene implicaciones “al interior de Cuba, donde el Gobierno actúa no sólo al margen de las leyes internacionales sino nacionales”
El informe para Cuba 2015/2016 de Amnistía Internacional se recopila abundante información para que el régimen de la Isla no fuera ratificado en dicho Consejo.
Paralela a la reciente apertura entre las relaciones diplomáticas, se mantienen las fuertes restricciones a la libertad de expresión, asociación y circulación. Se registraron miles de casos de persecución y detenciones arbitrarias de personas críticas con el Gobierno, afirma Amnistía Internacional.
Las personas críticas al régimen siguen siendo objeto de hostigamiento, “actos de repudio” (manifestaciones lideradas por simpatizantes de la dictadura en las que participan agentes de los servicios de seguridad del Estado) y se siguen abriendo procesos penales por causas políticas. El sistema judicial sigue estando bajo el control político.
Se siguen conociendo casos de personas críticas con el castrismo, incluyendo periodistas y activistas de derechos humanos, que son sometidos de forma constante a arrestos arbitrarios y breves periodos de detención por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión y circulación.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) documentó durante el año más de 8.600 detenciones, por motivos políticos, de opositores y opositoras del gobierno y activistas, detalla Amnistía Internacional.
Según Granma, el periódico castrista, antes de la visita del Papa Francisco en septiembre, las autoridades aseguraron que liberarían a 3.522 presos, entre ellos a personas mayores de 60 años, los presos menores de 20 sin antecedentes penales, personas con enfermedades crónicos y los extranjeros cuyos países hubieran accedido a repatriarlos.
No obstante, antes de la visita y en su desarrollo, hubo activistas de derechos humanos y periodistas que denunciaron el aumento significativo de los arrestos y de los periodos breves de detención. Sólo en septiembre, la CCDHRN contabilizó 882 detenciones arbitrarias, entre ellas las de tres activistas que al parecer se acercaron al Papa para conversar de temas referentes a los derechos humanos. Los tres optaron por declararse en huelga de hambre mientras estuvieron retenidos.
De igual forma, siguió sucediendo con las simpatizantes y las integrantes de las Damas de Blanco, un grupo de mujeres que exigía la liberación de presos políticos y un aumento de las libertades, también eran y siguen siendo arrestadas y detenidas con frecuencia durante periodos de hasta 30 horas, según la CCDHRN; lo mismo sucedía con los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, un grupo disidente. La finalidad de estas detenciones era impedir a los activistas asistir a las marchas que llevaban a cabo los domingos y evitar que protestaran.
Irónicamente, el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la policía política detuvo a activistas, muchos de ellos en sus casas, para evitar que protestaran pacíficamente. De forma paralela, bloqueó la salida de periodistas de sus lugares de trabajo para que no se informara sobre la noticia.
En Cuba las leyes, diseñadas a medida por el régimen, que tipificaban los “desórdenes públicos”, el “desacato”, la “falta de respeto”, la “peligrosidad” y la “agresión” se emplean sistemáticamente para procesar, o amenazar con procesar, por motivos políticos a opositores al Gobierno.
Con información de Cuba Encuentro
