Editorial The New York Times
La posibilidad de revocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de un referendo siempre fue una opción muy improbable. Sin embargo, representaba la mayor esperanza de terminar, a través de medios constitucionales, con una era de gobiernos autoritarios y un desastroso manejo de la economía.
No obstante, la semana pasada los aliados de Maduro en los tribunales y el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendieron el proceso, generando las reacciones ya previsibles. El miércoles, manifestantes enfurecidos salieron a las calles, donde algunos fueron atacados por las fuerzas de seguridad, mientras sus líderes convocaron a una manifestación el próximo 3 de noviembre que tiene por objetivo llegar a Miraflores, el palacio presidencial.
La última confrontación entre el gobierno y la oposición comenzó con unos dictámenes de algunos tribunales regionales que anularon algunas firmas en apoyo del referendo, aduciendo que se habían recolectado de manera fraudulenta. Basándose en esas decisiones, el CNE, dirigido por simpatizantes del gobierno, suspendió la siguiente fase del proceso que es la recolección de firmas del 20 por ciento de los votantes de cada estado. Esta decisión hace casi imposible que el revocatorio se realice antes del 10 de enero de 2017, la fecha límite para que puedan convocarse nuevas elecciones presidenciales antes de que se termine el actual mandato en 2019.
La Asamblea Nacional de Venezuela, liderado por los opositores de Maduro, reaccionó con justa indignación. Durante una reunión realizada el domingo, los líderes dijeron que la decisión de la comisión electoral representaba una “ruptura del orden constitucional” y un golpe de Estado al poder legislativo. Pronto el encuentro se convirtió en una refriega sangrienta después de que un grupo de simpatizantes del gobierno irrumpió en la sede.
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