Hace unas semanas publiqué en este diario un texto —”¿Elecciones para quién?”—, en el cual sostenía que el orden en que se plantearan las reivindicaciones democráticas en Cuba influiría en su eficacia y que la amnistía, la reforma constitucional y las elecciones libres bajo supervisión internacional eran fines u objetivos, a los que solo se llegaría a través de la protesta popular masiva y pacífica, no mediante la participación en el sistema electoral vigente, que garantiza el monopolio del Partido Comunista Cubano (PCC).
Concurrir a elecciones fraudulentas, afirmé entonces y reitero ahora, sería un error y un despilfarro. Un error de estrategia, por la legitimidad que conferiría al Gobierno y un despilfarro de esfuerzos y recursos que podrían emplearse de manera más eficiente.
El artículo provocó varias respuestas breves con distinto grado de sensatez y una réplica más larga en la que se impugnaban algunas de mis ideas, incluso con citas literales del escrito original, aunque sin mencionar título ni nombre. Como resulta evidente que el autor de la respuesta y yo discrepamos no solo en cuanto a táctica política sino también en lo tocante a métodos filológicos, debo empezar por aclarar que me refiero al artículo “El yugo y el cascabel”, publicado aquí por el disidente Hildebrando Chaviano Montes, el pasado 27 de octubre.
El argumento central del artículo de Chaviano Montes es que las elecciones son una oportunidad porque “si bien legitiman hacia adentro al Gobierno cubano, legitiman y hacen visibles a ciudadanos que de otra forma seguirían en el anonimato. Cada candidato independiente que gane las elecciones en su barrio mostrará al Gobierno y al mundo que son preferidos por un cierto número de vecinos, preferencia esta que de otra forma se hace harto difícil de demostrar entre los opositores”.
Más allá de las virtudes de los candidatos independientes y el merecido aprecio del vecindario, la creencia de que la vía electoral podría cambiar paulatinamente el sistema comunista cubano se fundamenta necesariamente en tres premisas:
1) En algún momento futuro los grupos o partidos de oposición obtendrán votos y diputados suficientes como para aprobar leyes de reforma.
2) El Poder Judicial interpretará las nuevas leyes con imparcialidad y las refrendará, como expresión de la voluntad popular.
3) El Poder Ejecutivo acatará y aplicará dichas leyes.
Esta es la estrategia denominada “de la ley a la ley” que dio buenos resultados, por ejemplo, en la transición española de 1975-1978.
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