Cuando una sociedad logra liberalizar los precios, es decir, que se fijen de acuerdo con la relación oferta-demanda, estamos en presencia de una de las señales que muestran la buena salud de esa economía.
Ello es así porque un precio libremente formado se relaciona con el gusto de los consumidores, el estado de la competencia, los niveles de producción necesarios, así como la acertada asignación de recursos hacia determinados sectores de la economía.
En ese sentido sobresalen las apreciaciones de economistas tan destacados como Ludwig von Mises y Friedrich von Hayes, prominentes miembros de la Escuela de Austria, quienes insistían en la inviabilidad del socialismo debido a la no existencia en ese sistema social de precios de mercado. De esa manera, argumentaban, no había información veraz sobre lo que sucedía en la economía.
En las economías estatizadas que aplican reformas de mercado, la liberalización de precios oficia generalmente como uno de los momentos culminantes de ese proceso. Ahí tenemos los casos de las naciones europeas que pertenecían al antiguo bloque soviético, y también las reformas económicas llevadas a cabo en China y Vietnam.
Por supuesto, no siempre existen las condiciones para ejecutar la liberalización de precios desde un primer momento. Si se parte de niveles productivos muy deprimidos, una prematura liberalización de precios podría interpretarse como una especie de “terapia de choque” que afectaría a la población de menores ingresos. No obstante, la tendencia en los casos de reformas exitosas es ir hacia el establecimiento de precios de mercado formados al vaivén de la oferta y la demanda.
Lo contrario es lo que sucede actualmente con las reformas económicas implementadas por el gobernante Raúl Castro. A casi una década de iniciada la “actualización del modelo económico”, la tendencia que se observa es a la inversa: varios precios de mercado se han transformado en precios establecidos por la burocracia gubernamental.
Primero lo apreciamos en la comercialización de productos agropecuarios, con el cierre de varios mercados de oferta-demanda y la proliferación de mercados estatales que funcionan con precios topados.
Y ahora sobreviene la intervención gubernamental en las tarifas que aplican los transportistas privados. El pasado jueves el diario Granma publicó una nota del Consejo de la Administración Provincial de La Habana que fija las tarifas que deben aplicar los taxis operados por los trabajadores por cuenta propia. En casi todos los casos se trata de tarifas inferiores a las vigentes antes de la interferencia estatal.
Por ejemplo, hay recorridos que en lo adelante se fijan en cinco pesos, la mitad de lo que cobraban antes esos cuentapropistas. Y otros itinerarios más extensos, que eran valorados en 20 pesos, ahora se establecen en 15. Además, se recalca que “las violaciones, ya sea por denuncias que se reciban de la población o por resultado de las acciones de control, conllevan a la cancelación de la Licencia de Operación del Transporte o según sea el caso la denuncia y el procesamiento como corresponda, que puede incluir el decomiso del medio de transporte”.
De más está decir que, tanto en el caso de los productos del agro como en los taxistas privados, el tope de precios y tarifas por parte del Gobierno provoca la desmotivación de productores, comercializadores y prestadores de servicios. Por lo tanto, la supuesta protección a la población que el discurso oficial esgrime como pretexto de su accionar, pronto deviene en perjuicio para el ciudadano de a pie. Al desabastecimiento de las placitas estatales podría agregarse ahora la disminución de almendrones —como se les llama a los taxis privados— en las calles habaneras.
De todas formas, la situación que ha llevado a las autoridades a inmiscuirse en la reformulación de unos precios y tarifas que antaño se formaban libremente es vista por muchos como la punta del iceberg de los graves problemas que afronta la economía cubana.
Publicado en Diario de Cuba
