La precaria oferta laboral del Estado estimuló la migración de trabajadores al emergente sector privado en Cuba. Sin embargo, son ahora las nuevas restricciones e impedimentos que coloca el régimen cubano a los comerciantes lo que ahora podría incrementar el desempleo en Cuba.
Según una arquitecta de la empresa constructora Puerto Carena, tras las nuevas restricciones impuestas a artesanos que comercian en el Casco Histórico de La Habana, lejos de auspiciar el entretenimiento para turistas y una forma de progreso para los trabajadores, se continúa en detrimento de ello
“Creo que la conservación y restauración de monumentos y edificaciones del Casco Histórico no deberían ir en detrimento de los ciudadanos ni de los trabajadores privados, que a fin de cuentas también son una ‘atracción’ para el turismo en esta zona”, opinó la arquitecta.
El régimen cubano ha retrocedido nuevamente en su complicada relación con el sector privado. La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) ha venido aplicando restricciones a transportistas privados y ahora ha decidido mover a los vendedores de libros antiguos a un lugar de menor visibilidad, a pesar de que durante dos décadas se ubicar en la Plaza de Armas.
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Tras la ola de persecución a propietarios de paladares en Camagüey, la arremetida en contra de boteros, es el turno de los artesanos que tenían sus puestos de venta en escaleras de edificios de La Habana Vieja, tras acuerdos con los habitantes de esos inmuebles, a quienes le cancelaban la ubicación.
“La prohibición tiene respaldo legal: no se puede comerciar en lugares públicos ni utilizar las áreas comunes de los edificios”, explicó Alain Ramos, funcionario de la dirección municipal de Planificación Física en el territorio.
Esto limita a los cuentapropistas porque los restaurantes son también cadenas estatales, con mesas ubicadas en diversas plazas del Casco Histórico. Aún se desconoce la cifra de los afectados, sin embargo el portal Diario de Cuba revela que podría estar cerca del medio centenar.
Los artesanos podrían ser castigados con multas de 1500 pesos o inclusive quitarles sus licencias, por decidir permanecer en las escaleras. “No podemos esperar a que se nos habilite el lugar donde nos reubicarán, eso es equivalente a quedarnos temporalmente sin sustento”, declaró Viviana.
Según fuentes de Puerto Carena el Plan Maestro para la Revitalización Integral de La Habana Vieja —subordinado a la Oficina del Historiador y encargado de determinar qué locales están disponibles dentro del Casco Histórico— destinó para reubicar a estos artesanos el parqueo de la tienda El Quitrín, en Obispo y San Ignacio.
“Los administradores de El Quitrín decidieron que la remodelación necesaria sea ejecutada por una cooperativa totalmente privada y no por los contratistas que se subordinan a Puerto Carena, porque alegan que estos últimos tardan más en concluir una obra”, indicaron las fuentes.
“De un modo u otro —añadieron— la habilitación y acondicionamiento del parqueo llevaría no menos de dos meses, en dependencia de cuánto tarde la firma del contrato, el permiso de Planificación Física y la aprobación de los arquitectos, además de la disponibilidad de materiales”.
Esta prohibición no solo perjudica a los artesanos, quienes verán mermadas sus ventas durante la rehabilitación, sino también a quienes residen en los inmuebles donde estos cancelaban.
“La ONAT ‘se limpió’ con el Consejo de Vecinos. No reconocieron nuestra decisión ni el beneficio que puede representar la relación entre los cuentapropistas y el pueblo”, declaró Armando, presidente de un CDR ubicado en uno de los edificios que arrendaba la escalera a los artesanos.
“Nadie discute que tanto las escaleras como las azoteas de los edificios son áreas comunes y que están sujetas a las reglamentaciones urbanísticas y de vivienda. Pero si todo un Consejo de Vecinos está de acuerdo en darle utilidad a estos espacios, sin que ello implique modificación alguna en los inmuebles, creemos que ello debió ser tenido en consideración”.
Elaine, otra de las artesanas afectadas, opinó que “todas estas ofensivas del Gobierno van más allá de perjudicar al sector privado”.
“Incluso van en contra del pueblo mismo que tampoco se puede beneficiar con acuerdos directos con los trabajadores por cuenta propia. Como ciudadanos, los cubanos no tenemos poder de decisión fuera de la puerta de nuestras casas”.
Redacción Cubanos por el Mundo / Con información de Diario de Cuba
