Este miércoles la sala de conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá evidenció movimiento, ante el inicio del juicio que involucra a un total de 179 miembros de las FARC por 900 delitos como homicidio, desaparición forzada, desplazamientos, entre otros, que dejaron 7 mil víctimas, según reveló la Fiscalía colombiana.
Al respecto, el fiscal de la unidad de análisis y contexto, Leonardo Cabana destacó:
Desde hoy (miércoles) inicia el juicio contra los miembros de las FARC que participaron o aplicaron a la ley de Justicia y Paz, bajo el régimen de la ley 975, donde se ha logrado imputar 900 hechos delictivos.
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Mientras, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se disolvieron a mediados de 2006 como parte de un proceso de paz con el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) se acogieron a la Ley de Justicia y Paz o Ley 975 que fue promulgada en 2005.
Esta ley, a la que se pueden acoger los involucrados en conflicto, establece, entre otras aspectos, penas alternas de 5 a 8 años de prisión para responsables de delitos graves.
Los miembros de la FARC deberán responder penalmente ante las tomas violentas a la base militar de Miraflores (Guaviare) y a los municipios de Mitú (Vaupés), Puerto Lleras y el caserío El Billar en Meta y Puerto Rico (Caquetá), según reseñó la Fiscalía en un comunicado.
Dentro de los hechos que serán encausados, también se ubican los secuestros de Ingrid Betancourt, el general Luis Mendieta, Alan Jara, Consuelo González de Perdomo y Jorge Géchem Turbay, entre otros.
El secuestro de Ingrid Betancourt tuvo lugar cuando era candidata a la presidencia en febrero del 2002 y estuvo en cautiverio hasta julio del 2008, cuando fue liberada junto con otras 18 personas. Dentro del grupo liberado se ubicaban tres tres contratistas estadounidenses, que también fueron liberados mediante una espectacular operación militar.
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El general retirado de la Policía colombiana Mendieta estuvo aproximadamente 12 años en poder de las FARC y fue rescatado mediante una maniobra militar en 2010.
Las acusaciones que realiza la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía recaen en los entonces comandantes de la organización subversiva, Ely Mejía Mendoza, alias “Martín Sombra”, exintegrante del Bloque Oriental; José Luis Pabón, del Frente 22; Luis Carlos Chaparro, del Frente 42, y Jerónimo Aljure del Frente 56, agregó la información.
La Jurisdicción Especial para la Paz investigará, condenará y sancionará a los responsables de los delitos más graves como genocidio, secuestro, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual, delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), prostitución forzada y esclavitud sexual, entre otros.
Redacción CPEM | Con información de EFE
