El régimen de Cuba sigue enfilando sus garras represivas contra la creciente población de cuentapropistas que intentan sobrevivir en una de las economías más duras del mundo, y los bicitaxistas son el blanco preferido de los policías.
De acuerdo con un informe publicado por un medio oficialista en la provincia de Artemisa, los profesionales de los pedales esta vez son acosados por colocar motores improvisados a sus bicicletas, que los ayudan a mejorar su trabajo y su calidad de servicio.
Y es que según su licencia de cuentapropista, ellos están habilitados para operar como “trabajadores por cuenta propia en la modalidad de transporte de carga y pasajero por medio de tracción humana”, excusa perfecta que utilizan los oficiales para decomisar las bicicletas que tengan motores adaptados..
Miguel Ángel, bicitaxero que ocupa la ruta de la Avenida 251, conocida como Carretera Central o Calle Real, paga hasta 10 CUC diarios al dueño original de su artefacto y explica que esa cantidad se debe a que “esa ruta es la más céntrica y siempre tiene pasaje”.
“Estudié Comunicación Social obligado, para cumplir con la familia, pero lo mío es el negocio. Cuando tenga el dinero me voy a comprar uno de estos cacharros y lo voy a poner a trabajar para mí. Llevo dos meses probando, y sé que me deja caer algo. Lo que haga después de las cinco de la tarde es mío. Pero si la policía nos sigue arrebatando el negocio, no sé qué hacer, no me gusta trabajar para el Estado”
El costo de estas bicicletas adaptadas para la transportación humana es de unos siete mil pesos (280 dólares) y las que tienen motor pueden llegar a costar hasta 15 mil pesos (600 dólares), algo que para un asalariado cubano es casi imposible de costear.
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Según la nota emitida por el Ministerio de Transporte Cubano (MININT), las adaptaciones eléctricas y gasolina a estos bicitaxis, entra en conflicto con l Decreto Ley 315 de 2014, el cual establece que para el ejercicio del trabajo por cuenta propia se debe observar la licitud de los medios y las materias primas a emplear, requisito no tenido en cuenta por los implicados.
Sin embargo, estos motores entran de forma legal por los aeropuertos cubanos con sus papeles de compra en países extranjeros ya que en Cuba no se producen, con excepción de la fábrica de bicicletas eléctricas Minerva en Villa Clara, vehículos monoplazas que cuestan más de 15 mil pesos (600 dólares).
Sin embargo, violar alguna de estas leyes significa multas mas no el decomiso, pues sólo se procederá a ocupar el artículo si este se verifica que es perjudicial para la salud o es ilícito.
Por lo tanto, en el caso de los bicitaxis el decomiso es una medida que no corresponde con lo dictado por la ley, pues los agentes que ocuparon los vehículos afirmaron que desde ese instante los poseedores estarían sujetos a un proceso legal para determinar la procedencia de los motores adaptados, una medida que supuestamente decidirá la situación legal de los medios.
Semejantes medidas de decomiso se han adoptado con arbitrariedad en aquellos lugares donde se intenta reestablecer la legalidad a partir de la creación forzosa de conciencia y el “llamado a la reflexión” a aquellos que posean medios que garanticen lo que el Estado no puede garantizar.
Las autoridades cubanas aseguran a través de los medios oficialistas que “estas medidas se aplican porque los infractores no se ajustan al alcance de sus licencias”.
Reedacción Cubanos por el Mundo / Con información de CubaNet
