La orden está dada. El mismo presidente que ofrecía al menos tres opciones a los cubanos varados en su territorio, decidió ahora expulsarlos sin mirar atrás, sin contemplaciones y bajo presión sobre aquellos que hasta el sol de hoy han tendido una mano a los migrantes cubanos.
Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, ordenó el cierre inmediato de la Pastoral Social Cáritas, que ha apoyado a los cubanos. Varela lanzó un ultimátum, dándoles 30 días para clausurar el espacio de ayuda. Esta decisión ha sido duramente cuestionada por activistas de derechos humanos y por la misma agrupación religiosa, que había dialogado con el gobierno a través del Instituto de Migración, para conseguir tras un esfuerzo mancomunado una solución que no perjudicara a ninguna de las partes.
Para la profesora y abogada Anayansi Turner, defensora de los Derechos de los Universitarios en la Universidad de Panamá, el fenómeno de los migrantes y de los refugiados es un tema de gran preocupación, sobre todo a nivel internacional, porque fundamentalmente están huyendo de sus países de origen por guerra, razones económicas, condiciones de vida, entre otros aspectos, reseña Panamá América.
Según la especialista, se está consciente de que cuando los migrantes ingresan de manera ilegal, el país en cuestión debe buscar la forma de cómo resolverles.
“Los inmigrantes legales o ilegales tienen sus derechos como a la vida, la alimentación, la salud y la escuela”, sentenció.
Así Turner, celebró la labor de Cáritas por brindar apoyo a migrantes que atraviesan una situación de desesperación ante el temor de ser deportados. A su juicio, el gobierno de Panamá debería de desarrollar un plan para atender la situación migratoria, en concordancia con estos albergues y viendo qué ayuda pueden ofrecerle, estableciendo mecanismos de control.
A consideración de la defensora de los derechos humanos, los puestos de control deben instalarse en las fronteras, sin embargo, la avalancha de migrantes el año pasado reveló que no existen estos parámetros.
Culpa del gobierno
Turner, insistió en que la responsabilidad es del gobierno, sabiendo que una vez los migrantes pisen territorio panameño, las autoridades de este país, deben respetarle sus derechos más elementales, como ha sido el caso de la Pastoral Social Cáritas en Panamá.
En la actualidad, un grupo de 292 cubanos están albergados en Cáritas, mientras que 72 todavía se encuentran entre la frontera de Panamá con Costa Rica. De estos, 15 intentaron cruzar, pero fueron devueltos a territorio panameño.
Por su parte, el abogado Luis Archibold rechazó el ultimátum que diera Varela a este albergue, y afirmó que con esto se está violando los derechos humanos de los migrantes.
“A cualquier refugiado o necesitado de alguna ayuda, es algo imprescindible que deben hacer los seres humanos sin importar la nacionalidad”, agregó. Según el experto, es incomprensible cómo si es la obra benéfica la que está corriendo con las necesidades de los cubanos, el gobierno insiste en poner límites a la ayuda.
“Siempre hemos hablado de un país como Panamá, de puertas abiertas y de buena hospitalidad”, indicó al mismo tiempo que coincidió con Turner en que si lo que se quiere evitar a estos migrantes, entonces se debería reforzar las aguas y entradas, pero que ya una vez dentro hay que ser solidarios como panameños.
Redacción Cubanos por el Mundo / Con información de Panamá América
