La advertencia es enviada directamente de la relatora especial de Naciones Unidas, no en vano tenía más de 10 años sin entrar al país una representante de este organismo. Según la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba es la sociedad cubana “un entorno propicio para que las instituciones estatales y los actores no estatales fomenten y se beneficien de diversas formas de trata de personas”.
La organización acoge “con beneplácito” la visita de María Grazia Giammarinaro a Cuba, invitada por el Gobierno de Raúl Castro, y le expresa su voluntad de ayudar a sus esfuerzos. No obstante, le alerta que su tarea “no será fácil” y “enfrentará importantes desafíos”.
Pero lo que se ve como características del sistema, una alerta internacional constituye la cotidianidad para los cubanos, en especial para la disidencia. La “falta de libertades básicas como la de expresión, de prensa y el derecho a libre asociación”, son lagunas de las características del sistema cubano que facilitan la trata de personas, señala la FDHC en su carta a la relatora, firmada por su director ejecutivo, Juan Antoni Blanco.
“El sistema político cubano no permite establecer sindicatos libres ni ninguna otra organización ciudadana que no esté sujeta al control gubernamental”, explica. “La combinación de la creciente pobreza y la falta de libertades básicas empuja a muchos ciudadanos a adoptar diversas estrategias de supervivencia como el ejercicio de la prostitución, pero también permite que las instituciones estatales se involucren en prácticas criminales, como el tráfico de trabajo no libre”, añade.
Es así como la organización recuerda que el Código Penal cubano “no tipifica como delito todas las formas de trata y explotación sexual de personas y continúa sin considerar criminales ciertas acciones cometidas contra menores de edad entre 16 a 18 años a los que la legislación cubana estima adultos”.
Asimismo, el Código Penal “incluye una coartada que autoriza a ejercer la represión en contra de cualquier persona (…) con el pretexto de garantizar la seguridad ciudadana: las llamadas ‘leyes de peligrosidad social’, similares a las aplicadas en la Italia de Mussolini”, indica.
La “peligrosidad social predelictiva”, utilizada con frecuencia contra opositores, es un cargo que permite a las autoridades detener y encarcelar a personas con el pretexto de que es probable que cometan un delito. La sanción puede ser de hasta cuatro años de prisión.
“Miles de mujeres han ido a la cárcel exclusivamente sobre la base de una evaluación caprichosa por un policía que decidió que estaban usando un vestido atractivo o estaban hablando con un turista”, critica la FCDH.
Mujeres al poder
El cuestionamiento además lo hace la organización, considerando que un grupo de mujeres, integrantes del Movimiento Dignidad “que exige la supresión de tal aberración jurídica ‘y la inmediata liberación de los encarcelados arbitrariamente en la actualidad por esa razón’ es reprimido con fuerza desde que su existencia se hizo pública”.
Por otra parte, la organización advierte que “la lucrativa exportación estatal” de servicios profesionales, principalmente médicos, contiene “algunas de las características” de la “esclavitud moderna”.
“Las autoridades cubanas pagan (a los profesionales) solo una fracción (menos del 20%) de los ingresos obtenidos a través de su trabajo, usualmente en lugares de riesgo, y obligan a los participantes a permanecer en el programa”, amenazando con retirarles sus licencias médicas si lo abandonan.
“Los médicos y las enfermeras que trabajan en estos proyectos han proporcionado informes de condiciones de trabajo y condiciones de vida deficientes y la presencia de ‘cuidadores’ que conservan sus pasaportes y vigilan” sus actividades y sus relaciones personales “fuera del trabajo”, detalla la FCDH a Giammarinaro.
“Considerar que ingresan voluntariamente a estos contratos equivale a ignorar que lo hacen bajo la presión política de las autoridades cubanas y bajo la coerción económica de sus bajos ingresos en Cuba”, opina la organización.
“Misiones en el exterior” o neoesclavitud
Es precisamente la empresa estatal cubana la que exporta los servicios profesionales, quien se queda con la mayor parte de lo que pagan los países de destino, las llamadas “misiones en el exterior”. A pesar de esto, continúan siendo atractivas para los trabajadores de la Isla “en comparación con los ridículos salarios promedio que ganan en Cuba (alrededor de 26 a 67 dólares estadounidenses por mes)”, argumenta.
La FCDH califica de “preocupante” que abogados cubanos independientes y otras asociaciones de la sociedad civil se hayan enterado de la visita de la relatora solo por la prensa estatal.
“La élite del poder cubano es incapaz de hacer viable la economía, pero es bastante eficiente para reprimir las voces independientes. Son expertos en llevar a celebridades y VIP a un Magical Mystery Tour en la que tratarán de impresionarlos con Potemkin Villages y con vitrinas como CENESEX”, afirma.
“Por favor, tenga en cuenta que usted no está visitando una sociedad abierta”, dice la FCDH a Giammarinaro. “Los mensajes que escuchará fueron cuidadosamente escritos y ensayados de antemano para su visita. El acceso a su delegación será estrechamente filtrado y monitoreado”, le alerta.
Por último, la FCDH expresa a la relatora su disposición de “ayudarle en la coordinación de entrevistas con representantes independientes de la sociedad civil durante su viaje o una vez que esté de vuelta en Europa”.
Redacción Cubanos por el Mundo / Con información de Diario de Cuba
