El chavismo enfrenta su peor momento de la mano del heredero, Nicolás Maduro. Hace apenas pocas horas, al presidente lo sacaron a “huevazos” del estado Bolívar, bastión del “socialismo del Siglo XXI” durante muchos años.
Pero el descontento popular es sólo una de las tantas cosas con las que debe lidiar Maduro, pues dentro de su propio partido, el PSUV, las fracturas se hacen cada vez más evidente y todo comenzó con la fiscal de la república, Luis Ortega Díaz, al calificar de “inconstitucional” la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que asumía el rol de la Asamblea Nacional.
Esto en cualquier país resultaría normal por el principio democrático de la separación de poderes. Pero el chavismo-madurismo, mantiene control total sobre los poderes del Estado, excepto en el Parlamento, que perdió por mayoría abrumadora.
Un artículo de Diario Las Américas, revela como estas fracturas dentro de la revolución, genera conflicto entre los que consideran “chavistas” mas no “maduristas”, entre ellos varios ex ministros del difunto Chávez y actuales integrantes de la cúpula mandante.
A continuación el artículo de Diario Las Américas.
Las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con las que asumieron las competencias de la Asamblea Nacional y eliminaron la inmunidad parlamentaria, no solo provocaron la “ruptura del orden constitucional”, como admitió la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, también sacudieron la unidad del chavismo.
La sorpresiva crítica de la jefa del Ministerio Público dejó en evidencia las fisuras en el bloque oficialista. El presidente Nicolás Maduro acusó el golpe de inmediato, convocó al Consejo de Defensa de la Nación al filo de la medianoche del viernes 31 de marzo y ya el sábado primero de abril en la madrugada el TSJ anunciaba que suprimiría los elementos más controvertidos de sus fallos.
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Ese mismo sábado, Maduro se reunió con Ortega Díaz en el Palacio de Miraflores y el domingo dio cuenta de ese cónclave en estos términos: “estuvimos hablando largamente más de hora y media (…) sobre los resultados del Consejo de Defensa de la Nación, sobre la necesidad de unir y cerrar filas en defensa de la soberanía, la integridad, la paz del país, su constitucionalidad”.
Sin embargo, la herida no ha cicatrizado. Lejos de pasar la página, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, cargó contra la Fiscal General en una entrevista concedida el miércoles 5 de abril en Globovisión. “Ella no puede salir a cuestionar decisiones de la Sala Constitucional (…) le dio herramientas a quienes quieren atacarnos para empezar a desbordarse en hipótesis”, fustigó Varela.
En medio de la polvareda levantada por la responsable del Ministerio Público, el exministro Dante Rivas lanzó un tuit en el que manifestaba su apoyo a Maduro “ante la agresión de la Fiscal General de la República”. Luego, Rivas, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Nueva Esparta, borró ese agrio mensaje. Pero ya el daño estaba hecho.
Rojos revueltos
A diferencia de Rivas, quien se mantiene fiel al Presidente de la República, sectores del llamado chavismo “no madurista” aprovecharon la controversia para denunciar la deriva autoritaria del régimen socialista. “La preocupación de la Fiscal General es la de millones de venezolanos. Retomemos la senda democrática y atendamos las necesidades de la gente”, expresó el exministro Miguel Rodríguez Torres, tras resaltar que “estamos frente a la preocupante degradación de la institucionalidad y de los principios de la democracia”.
Agrupados en la Plataforma en Defensa de la Constitución y la Democracia, los exministros Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro y Gustavo Márquez, junto con el mayor general retirado Clíver Alcalá Cordones y el constituyente de 1999 Freddy Gutiérrez, denunciaron un “golpe de Estado en desarrollo”, luego de conocer las decisiones del Poder Judicial.
Suscribiendo la tesis de Ortega Díaz sobre la ruptura del orden constitucional, los antiguos colaboradores de Chávez señalan que está en marcha “una agresión flagrante a la Carta Fundamental que la República se ha dado, a los convenios internacionales ratificados por Venezuela, y a los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos”.
Marea Socialista, escisión del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), respaldó la actuación de la Fiscal General y sobre los fallos judiciales advirtió: “dejaron a la vista una fractura política en el chavismo oficial hasta hoy oculta. Sale así a la superficie el malestar social hacia el Gobierno de una parte sustantiva y mayoritaria de la base del PSUV y del proceso que hasta ahora era contenido por el miedo y las amenazas (…) Esa visibilidad de la fractura en el chavismo cupular y el reforzamiento del que se da en la base, es en realidad la principal novedad política de la coyuntura que empieza”.
La abogada norteamericana Eva Golinger, militante del proyecto bolivariano, apoyó el cuestionamiento de Ortega Díaz y recordó en Twitter que “la separación e independencia de los poderes del Estado es un fundamento inalienable de la democracia”. En esa red social, el exministro Andrés Izarra compartió la siguiente reflexión del sociólogo Javier Biardeau: “Venezuela = país donde su clase política (Gobierno y oposición) se unen para destruirlo”.
Antes de que estallara la polémica por los fallos de la Sala Constitucional, ya el chavismo enfrentaba una turbulencia interna. La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TSJ de obligar a las organizaciones políticas a inscribirse nuevamente, ha generado malestar en el seno del Polo Patriótico. El Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Redes, del exalcalde Juan Barreto, ya anunciaron que no participarán en ese proceso de reinscripción, por considerar que vulnera la Carta Magna.
“El CNE deberá asumir las consecuencias políticas e históricas de ilegalizar al PCV”, ha advertido el gallo rojo, al tiempo que Barreto espetó: “en estas condiciones nos ilegalizarán. Pasamos a la clandestinidad. Nos encapucháremos, pero vamos a dar la pelea legal”. Patria Para Todos (PPT), miembro de la alianza chavista, no se ha negado a acatar las directrices del Poder Electoral, pero sí ha rechazado las condiciones del proceso de renovación.
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Solo él sabe
Si alguien se ha dedicado a sembrar intrigas dentro del chavismo, ese es Nicolás Maduro. “Hay un grupo de traidores que fueron de la revolución bolivariana, algunos ya viven en Estados Unidos, otros están aquí tratando de dividir al movimiento bolivariano, al movimiento revolucionario, les voy a sacar sus pruebas, después van a sudar frío y les va a dar diarrea cuando les saque la prueba”, apuntó el Jefe de Estado el 14 de marzo, en un encuentro con su “alto mando político”.
El líder de la revolución aseguró que esos “traidores” – a los cuales jamás identificó – habrían colaborado con la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA) para armar el expediente contra el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, sancionado en febrero por el Departamento del Tesoro por sus supuestos vínculos con capos del narcotráfico.
Cuatro días más tarde, en un mitin en el palacio de Miraflores, Maduro echó más leña al fuego de las especulaciones. “Han surgido por ahí tendencias reformistas de derecha, algunas encabezadas por traidores abiertos, y tienen asesores de marketing y mucho dinero detrás. ¡Alerta, pueblo! ¡Alerta, chavistas! ¡Alerta, bolivariano, que a Nicolás Maduro le quieren meter una puñalada por la espalda traidores de nuevo cuño para asumir un proyecto reformista para entregar la revolución bolivariana al capitalismo internacional!”. Hasta ahora nadie ha visto un puñal, pero sí se han dejado escuchar algunas lenguas afiladas que tasajean la unidad del oficialismo.
Redacción Cubanos por el Mundo / Con información de Diario Las Américas
