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Tribunal modificó la sanción del abogado independiente Julio Ferrer Tamayo

Julio Ferrer / Foto: Cortesía

Una petición del Centro de Trabajo y Estudio (CETEM) envió una solicitud a la Sala Quinta de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana, la que aceptó a favor del abogado independiente, Julio Ferrer Tamayo. Su condición de privación de libertad quedó modificada a “trabajo correccional con internamiento”. Medida que puede ser suspendida en cualquier momento, pudiéndolo permitir su libertad inmediata.

El jurista explicó a Diario de Cuba que una de las ventajas que le otorga la decisión es que los pases para salir de la prisión son obligatorios, cada 30 días, “porque así lo establece la ley y no quedan a discreción de la dirección del penal”.

Tamayo buscará su libertad en junio, puesto que solicitará al Tribunal Provincial que se suspenda la sanción. Saldría de prisión plenamente y no le constarían antecedentes penales en su contra.

Pero Tamayo no solo aprovechó para indicar sus beneficios cercanos, sino que denunció al medio de comunicación en cuestión, que la Seguridad del Estado presiona a los directivos de la cárcel para que el pase que está establecido para cada 30 días, lo extendieran al doble, bajo el argumento de que el recluso era “de interés estatal”.

Ante el allanamiento que sufriera la organización de juristas independientes CUBALEX y la detención de uno de sus miembros, Julio Ferrer, Diario de Cuba tuvo acceso a un documento, en el que quedó claro que el régimen dio respuesta a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU) sobre la intervención al Centro de Información Legal, en septiembre del pasado año y el encarcelamiento del profesional en leyes.

La respuesta fue enviada a principios de 017 debido a la solicitud de protección, mediante medida cautelar, que CUBALEX pidiera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que este organismo internacional le extendiera a la organización independiente, reseñó el medio digital.

En la argumentación del Estado, acusó a CUBALEX de buscar “socavar el ordenamiento jurídico interno cubano y trabajar para subvertir el orden constitucional libremente escogido por la inmensa mayoría de los cubanos”.

Según el régimen, la organización se “apoya en personas con antecedentes penales (…}9 intenta disfrazar a vulgares delincuentes comunes bajo el ropaje de defensores de los derechos humanos”.

Pero sobre Ferrer Tamayo, alegó que quedó “detenido, entre otros delitos, por estafa y que su condena es de cinco años”, argumento que las sentencias de tribunales cubanos han desmentido.

Justificaron el allanamiento a la sede de la organización, la incautación de todos los equipos y material de trabajo porque realizaba “una actividad económica ilícita violando las leyes establecidas”, sin dar razón, según el régimen, de qué consistía esta actividad y qué leyes específicas violaron.

Por último la respuesta insistió que «nadie en Cuba perseguido o sancionado por ejercer pacíficamente sus derechos, incluidos los de expresión, opinión y asociación, en el marco de las amplias libertades que garantiza la Constitución de la República (…) plenamente compatibles con los instrumentos internacionales de derechos humanos» cosa muy distinta a lo que ven los cubanos en las calles ante un intento de manifestación, como en el caso de las Damas de Blanco.

Redacción CPEM / Con información de Diario de Cuba

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