Brindaban un servicio de reparaciones en Gran Canarias, España, pero fraudulentamente de las principales marcas de electrodomésticos, suplantando las funciones de las mismas. Por eso Yusmil G. F., Juan Antonio D. N. y Jorge Eric P. B., cubanos deberán comparecer ante la justicia española, indicó el diario La Provincia.
“La Fiscalía contra la Criminalidad Informática de Las Palmas los acusa de ‘estafa en grado de tentativa en concurso‘ con otro delito de falsificación en documento mercantil, con penas que oscilan entre los dos y los tres años de prisión”, según conclusiones del ministerio público.
Según el diario del viejo continente, los tres cubanos “fingían” prestar el servicio de reparación, pero utilizando el nombre de las marcas “más prestigiosas”, sostiene la Fiscalía canaria en su acusación.
Al parecer, según los investigadores, los de la Isla ofrecían sus servicios por medio del sitio web serviciotecnicosat.com, ubicando su nombre entre los primeros en los buscadores de Internet, para captar “una pluralidad indeterminada de potenciales clientes”.
Los fraudes, que alega la justicia de España, pasaron por debajo de la mesa al principio ya que el cobro eran pequeñas cantidades que denunciaron por separado en distintos partidos judiciales, sumando la capital grancanaria, pero posterior a ellos sumaron indicios de que los cubanos acusados actuaban en conjunto, suplantando en algunos casos a los servicios técnicos de compañías, según destacó el periódico La Provincia.
Estos “utilizaban repuestos que no eran los originales de la marca y emitían facturas o partes de trabajo a nombre de empresas inexistentes”, según la Fiscalía. Por cada servicio se embolsaban una media de 400 euros.
La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ya impidió el acceso desde España a la web serviciotecnicosat.com, que los acusados seguían usando para realizar “ofertas engañosas” de reparaciones.
La Fiscalía reclama tres años de prisión para Yusmil G. F., dos años y medio para Juan Antonio D. N. y dos años y tres meses para Jorge Eric P. B. Asimismo solicita multas de hasta 6.500 euros y la prohibición de prestar servicios de reparación o de asistencia técnica durante un máximo de cinco años.
Redacción CPEM / Con información de Diario de Cuba
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