Registro audiovisual, forense y testigos abundan. Basta con entrar en redes sociales y encontrarás en diversos estados de Venezuela cómo se ha asumido el periodismo ciudadano como una herramienta para vencer la censura, ante el silencio de la televisión venezolana. Disparos a quemarropa, bombas lacrimógenas lanzadas a residencias, centros comerciales e incluso hospitales o funcionarios militares y policías persiguiendo a quienes manifiestan en las calles para al capturarlos golpearlos salvajemente.
Ha quedado en evidencia que la orden sería “darles con todo” a quienes ejerzan el legítimo derecho a la protesta en las calles del país. Desde hace mes y medio Venezuela se mantiene conmocionada, con miles de ciudadanos enfrentándose a los cuerpos de seguridad quienes durante las protestas han violado toda normativa sobre el control del orden público.
“Vemos con mucha preocupación que las actuaciones de control del orden público, en lugar de facilitar el derecho a la manifestación no hace más que obstaculizarlo, exacerbando los ánimos. También hemos visto cómo en lugar de neutralizar a los grupos que puedan estar generando desórdenes o poniendo en riesgo la vida de otras personas o de bienes se actúa indiscriminadamente y sobre todo se actúa para castigar y doblegar a los manifestantes, lo cual constituye el delito de tortura”, denunció la directora del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC).
“Cuando se le dispara a quemarropa perdigones a alguien o cuando se lanza una bomba lacrimógena de manera horizontal, en lugar de vertical, allí se ve que no hay intención de dispersar sino de hacer daño y de castigar; y eso, según la doctrina internacional, es tortura”, señaló.
“Las actuaciones de control del orden público, en lugar de facilitar el derecho a la manifestación no hace más que obstaculizarlo”, denuncia la directora del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de febrero y marzo de 1989. “Las actuaciones de control del orden público, en lugar de facilitar el derecho a la manifestación no hace más que obstaculizarlo”, denuncia la directora del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de febrero y marzo de 1989.
Sólo hasta el 4 de mayo se contabilizaban 717 casos de heridos por el Ministerio Público, aún que el reporte extraoficial indica que son muchos más. De ellos, 329 estaban siendo investigados por fiscales de Derechos Fundamentales, lo que implica que se sospechaba que las lesiones habían sido causadas por policías y militares.
Tal es el caso del periodista Román Camacho a quien le fracturaron la pierna el pasado 10 de abril en Caracas, luego de que un guardia nacional le disparara una bomba lacrimógena, a pesar de estar debidamente identificado como personal de prensa.
“Entre 60 y 80 funcionarios se alinearon y comenzaron a disparar bombas [lacrimógenas] contra los manifestantes, pero no de manera vertical sino horizontal. Incluso apuntaban a algunos de los manifestantes directamente, ni siquiera se detuvieron cuando la gente, colegas y protestantes me auxiliaron. Jamás había visto algo así”, relató telefónicamente, mientras se recuperaba de la intervención quirúrgica en la que debieron colocarse ocho tornillos para unirle la tibia.
Muchas de las escenas y relatos son parecidos a los que se registraron en 2014, durante la ola de protestas que lideró el encarcelado Leopoldo López, la exdiputada María Corina Machado y el también detenido alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. Sin embargo, ahora hay una mayor saña y desde la organización pro Derechos Humanos Proiuris atribuyen esto la impunidad en la que están buena parte de los casi 283 casos de torturas y malos tratos abiertos por la Fiscalía en ese momento.
“El Ministerio Público y el sistema de justicia penal debieron dar muestras contundentes y ejemplarizantes contra los funcionarios que se excedieron si querían evitar que los abusos de 2014 se repitieran como está ocurriendo y seguirá ocurriendo, porque los policías saben que las posibilidades de que les pase algo son mínimas”, afirmó Nizar El Fakih, director de la agrupación.
Esta semana los venezolanos se desayunaron con la noticia de que uno de los detenidos por participar en el llamado plantón, que insta a la gente a permanecer sin moverse en un lugar, el lunes en el estado Aragua, a 100 kilómetros al oeste de Caracas, habría sido abusado sexualmente por los agentes que lo aprehendieron.
“Al ser presentados ante el Tribunal 9 de Control de Aragua los 10 jóvenes que fueron detenidos, uno de ellos le relató a la jueza y a los fiscales que varios policías lo agarraron e inmovilizaron, le bajaron el short y uno le introdujo un tubo por el ano, mientras que le decía que si abría la boca le haría lo mismo a su familia”, relató el abogado del Foro Penal, Daniel Merchán, quien lo representó y quien rechazó identificar al agredido, pues hasta el miércoles seguía en el comando de la Policía Nacional donde habría ocurrido el hecho, mientras esperaba que se pagara la fianza para dejarlo en libertad condicional.
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