José Rolando Casares Soto, activista de derechos humanos, pasará cinco años en la prisión provincial de Pinar del Río, conocida como “Kilo 5”, tras negarse a trabajar para el régimen cubano.
El integrante de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana (MDJC), al igual que Yamilka Abascal Sánchez su esposa embarazada, con condena de dos años de privación de libertad domiciliar, comparecieron el pasado febrero en Pinar del Río, en el Tribunal Municipal de San Juan y Martínez, donde la Seguridad del Estado los procesó tras ser culpados de presunto “atentado” y “desacato a la figura de Fidel Castro”.
Casares lo detuvieron en julio de 2016 de camino a La Habana para presentarse en la campaña “Poder joven” que impulsa el MDJC. Lo encarcelaron por días en San Juan y Martínez, desde donde provienen los presuntos delitos que se le imponen.
El Directorio Democrático declaró que este matrimonio de acusados denunció su caso a la Comisión Internacional para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo (JusticeCuba), según reza la declaración a la que tuvo acceso Diario de Cuba.
El presidente de esta Comisión, Rene Bolio, se comunicó directamente con la pareja. “Yo no voy a trabajar con el Gobierno cubano me van a enviar a la prisión Kilo 5, el 24 de este mes”, indicó el detenido, asegurando que no pasaría por el trabajo forzoso del régimen.
Bolio asegura que el caso tiene “todos los indicios de constituir un encarcelamiento ilícito y una amenaza de trabajo esclavo, ambos crímenes de lesa humanidad. Estamos buscando más información al respecto”.
El mismo comunicado reseña que los jóvenes los detuvieron la madrugada del 15 de julio de 2016, cuando iban a la reunión en la capital, al hombre lo interceptaron y lo maltrató Iván de la Rosa, oficial de la Seguridad del Estado, en compañía de otros oficiales de San Juan y Martínez.
Redacción CPEM / Con información de Diario de Cuba
