Tras el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que declaró ha iniciado los trámites para enjuiciar a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, luego de que esta advirtiera que comenzaría a investigar la corrupción dentro del régimen, la oposición declaró que entraba en una etapa de “protesta permanente” hasta que se produzca un cambio de Gobierno.
El llamado de la oposición se apoya en el artículo 333 de la Constitución, que convoca a todos los venezolanos a unir esfuerzos para defender a la Carta Magna cuando esta es amenazada.
Alrededor de la fiscal Ortega parece estar aglutinándose un importante grupo de chavistas, alarmados por la situación del país y por los planes del madurismo de reemplazar la Constitución, impulsada por el fallecido gobernante Hugo Chávez, a través de una Asamblea Constituyente escogida a dedo por Maduro.
Se trata, sin duda, de una escalada hacia la guerra civil en Venezuela, y no solo entre los conocidos términos de “chavistas” y “antichavistas”, sino en una escala más amplia, que podría incluir a un sector todavía apegado a la figura de Chávez y otro que apuesta por Maduro.
Sin embargo, la prensa cubana de dedica a presentar lo que está ocurriendo en Venezuela simplemente como resultado de una conspiración internacional, una “guerra psicológica” desatada desde el exterior o una batalla entre la OEA, o un grupo de países dentro de esta organización, y el “pueblo venezolano”.
Particularmente peligroso para Maduro es el riesgo de que la fiscal comience a investigar la enorme corrupción dentro del régimen.
Pero la realidad venezolana transita por otros rumbos.
La fiscal busca concentrarse en la corrupción del Gobierno de Venezuela, país señalado por años como el más corrupto de América Latina por la ONG Transparencia Internacional, así como investigar los presuntos vínculos entre el narcotráfico y la máxima cúpula del régimen.
Declaraciones en este sentido, pronunciadas por Ortega, son las que al parecer han sacudido los cimientos del chavismo, y cambiado la naturaleza del enfrentamiento entre el régimen y la fiscal.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, “tomó parte, como suele hacer, en la manifestación que avanzaba llena de colores, banderas y pancartas. «Diga lo que diga la OEA seguiremos en las calles y los vamos a vencer», afirmó el dirigente, quien además habló de un país que está de pie, alegre de ir a un proceso Constituyente que ni por asomo emprenderían los gobiernos de derecha del mundo, los mismos que han satanizado a la Revolución iniciada por Hugo Chávez”, escribe Juventud Rebelde en su edición del 19 de junio.
Pero esa constitución que ahora quiere cambiar a la fuerza Maduro no es una “constitución burguesa”. La Constitución venezolana fue aprobada mediante referéndum en diciembre de 1999 tras haber sido promovida por el expresidente Chávez. Su intención es dejar atrás la Carta Magna “bolivariana” promulgada por el fallecido ex mandatario Hugo Chávez en 1999.
La Constitución vigente fue redactada por 131 constituyentes electos por voto directo, universal y secreto, y luego aprobada en referendo. Dicho documento fundó la denominada Quinta República, bajo la etiqueta “bolivariana”.
El anuncio de Maduro se produce cuando Venezuela enfrenta una escalada de tensión política en medio de una crisis económica con una desbordada inflación de tres dígitos y severos problemas de escasez de alimentos y medicinas. Pero no solo eso. El país sudamericano sufre también de una severa situación en que impera la corrupción y han abundado las denuncias de vínculos entre el narcotráfico, sectores militares y la elite gobernante, algo que la fiscal quiere investigar.
Funcionarios de alto rango, entre ellos el vicepresidente Tareck El Aissami, han sido sancionados por Estados Unidos que los acusa de supuestos vínculos con el narcotráfico.
Aunque el presidente venezolano aseguró que la consulta “es con todos los sectores, políticos, académicos, religiosos, sociales y económicos”, la mitad de ellos serán escogidos por sectores sociales en los que el gobierno tiene influencia.
Además, al parecer la Constituyente buscaría la aprobación de un Parlamento Comunal. Aunque las organizaciones comunitarias en Venezuela ya tienen un gran alcance a través de unos 45.000 consejos comunales, la Constituyente podría darles más prominencia. Incluso, hay quienes sostienen que la intención del Parlamento Comunal, que estaría integrado por sectores populares, es restarle poder a la Asamblea Nacional o incluso llegar a sustituirla. Una especie de “sóviet” venezolanos.
Dentro de su proyecto político —si es que puede hablarse en ese sentido en el caso de Maduro— su intención entonces no sería más que retroceder, del “socialismo del Siglo XXI” al comunismo de principios del siglo pasado. En su caso, la historia no se escribe: simplemente retrocede.
Publicado originalmente en Cubaencuentro
