Una profesora notó en un alumno que presentaba una hiperactividad constante, lo que era poco habitual en el joven hasta ese momento. Los padres denunciaron y las autoridades lograron determinar que una red clandestina vendía metilfenidato.
La docente le indicó a los representantes del alumno, al conocer que este tomaba su medicamento de forma regular, que “deben revisar el medicamento, pues no le está haciendo efecto”.
El metilfenidato es un psicoestimulante para el trastorno de la hiperactividad, y la queja de los padres de que el medicamento estaba adulterado progresó y se inició una investigación.
La tableta del medicamento fue sometida a análisis de laboratorio y se comprobó que el metilfenidato que se consigue en farmacias no tenía su principio activo, por lo que era imposible que hiciera efecto en sus consumidores, en su mayoría niños con trastornos de hiperactividad, reseñó Diario de Cuba.
En la publicación reseña que el proceso ilícito comenzó en La Habana, en el área de producción del Laboratorio Farmacéutico Reinaldo Gutiérrez, empresa perteneciente al grupo estatal BioCubaFarma, que produce tabletas medicinales.
Las que tenían el principio activo, los obreros de la producción le sustrajeron una parte con fines de lucro y las tabletas que debían haberse confeccionado con ese faltante las sustituyeron por placebo que posteriormente se comercializó en las farmacias.
El componente metilfenidato se considera una droga y su mezcla con bebidas alcohólicas causa efectos alucinógenos.
“La tableta de metilfenidato en el mercado negro cuesta dos CUC y en la operación de sustracción participó desde el supervisor técnico hasta el elaborador, pasando por el troquelador y el operario de la máquina envasadora en combinación con las personas que venderían las tabletas en la calle”, detalló una fuente cercana a la empresa que declaró en anonimato.
Las 15 personas que hacían parte de la red clandestina están detenidas y esperan su proceso judicial para conocer la pena a la que serán enjuiciados, que oscilan entre los 2 y 10 años de prisión.
El Ministerio del Interior (MININT) es el órgano que conoce cuánto han aumentado las pérdidas de la empresa por esta operación ilegal y las ganancias que produjeron los 15 detenidos.
Redacción Cubanos Por el Mundo / Con información de Diario de Cuba
