Este viernes, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció al menos 3118 “detenciones arbitrarias” registradas en Cuba sólo durante los primeros siete meses de 2017, de las cuales sólo 559 fueron en el mes de julio: 374 mujeres y 185 hombres.
En un comunicado difundido en Madrid, esta entidad también reprochó el “significativo ataque al incipiente sector privado” por parte de las autoridades cubanas, pues el mayor interés del Gobierno sigue siendo “conservar su poder sin permitir libertades”.
Denunciaron las “restricciones legales, la escasa burocracia y el afán recaudatorio” del Ejecutivo cubano.
También el OCDH cuestionó la decisión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de “no otorgar licencias” para el ejercicio de negocios como el arrendamiento de vivienda; la elaboración y venta de alimentos en restaurantes y cafeterías, instructor deportivo, fabricante y vendedor de calzado y profesor de idiomas.
Esa norma o “ley cangrejo”, según la nota, constituye “un retroceso en la escasa reanimación del mercado interno y laboral”.
Para el observatorio, con esa decisión se persigue “controlar” las actividades que pudieran constituirse como competencia a la “ineficiente” industria estatal de servicios.
Según el comunicado, esto supone un “portazo al presente y futuro de miles de cubanos” que apostaron por un proyecto emprendedor.
Aseguran que aunada a la “represión interna” de quienes disienten y piden libertades democráticas y respeto de los derechos humanos, se suma ahora la “amputación de derechos económicos”.
Redacción Cubanos por el Mundo / Con información de EFE
