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Gobierno mexicano desvió 192 millones de dólares a través de empresas fantasma

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Empresas fantasmas y que carecen de toda actividad comercial, entre los años 2013 y 2014 han recibido 192 millones de dólares, que han sido desviados por el Gobierno de México, apunta el diario digital Animal Político y la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en una investigación conjunta que se publicó como La estafa maestra.

La investigación refiere que 11 instituciones, ocho universidades y más de 50 funcionarios y entre los diferentes organismos públicos figura la Secretaria de Desarrollo Social, el FOVISSSTE (un seguro social mexicano), el Registro Agrario Nacional, el Banco Nacional de Obras o Pemex.

La línea de investigación que llevaron los involucrados. El desvío fue colateral a la administración de Enrique Peña Nieto, actual presidente de México, y tuvo repercusiones, sobre todo, a la Secretaría de Desarrollo Social, entonces en manos de Rosario Robles y a Pemex, en los años de Emilio Lozoya y Juan José Suárez. También afectó al Banco Nacional de Obras, cuando estaba en manos de Alfredo del Mazo, gobernador electo del Estado de México.

El mecanismo que emplearon las instituciones se valió de un camino legal que rige en México, en el que la Ley General de Adquisiciones obliga al sector público a subastar sus contratos de obras y servicios, pero además permite que se haga caso omiso a este paso si se contrata con universidades. Por esta vía se ejecutó un plan para desviar divisas a escalas multimillonarias.

En los años en cuestión las universidades realizaron 73 convenios del ramo público, dichos acuerdos que obligaban a prestar una serie de servicios que, en muchos casos, no se dieron. En vez de eso, se quedaban con una comisión y subcontrataban con empresas. En muchos casos, según los investigadores, las empresas ni siquiera existían. Con ello las universidades se habrían embolsillado $56 millones en concepto de comisiones, precisó un resumen del caso realizado por el diario El País.

La investigación llevó un conteo, de los que 186 empresas contratas con las que se derivaron los 73 convenios, 128 tenían “lagunas legales”. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, declaró “fantasma” a 11 e investiga a nueve más por el mismo objetivo.

Redacción Cubanos Por el Mundo

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