Todo lo relacionado con la emigración es, por diversas razones- un tema de primer orden en la actualidad política cubana.
En primer lugar, porque los emigrados tienen un rol fundamental -económico, cultural y político- en el presente insular y será creciente en el futuro. En segundo, porque ellos han sido rehén del diferendo entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos, país este último que acapara el 90% de toda la diáspora cubana.
Y, por último, porque cualquier relajamiento es novedoso, si tenemos en cuenta que la política del Estado cubano frente a sus emigrados ha sido regularmente hostil, expoliadora y despectiva, y los migrantes fueron descriptos por varias décadas como una escoria moral y política que no cabía en la nueva obra revolucionaria.
Al menos, ocurrió así hasta los 90, cuando se convirtieron en el soporte principal del consumo familiar en medio de la crisis desencadenada entonces y que no termina, y un soporte clave de la carcomida balanza de pagos cubana.
Ahora el tema vuelve a ser noticia, cuando el canciller cubano -uno de los seres más grises del zoológico político oficial- ha anunciado medidas de apertura:
1- Se eliminó la llamada “habilitación”, consistente en un permiso bienal para visitar la Isla por un máximo de 90 días;
2- Los que posean yates pueden entrar con ellos a algunas marinas disponibles.
3- Los hijos de cubanos nacidos en el extranjero pueden nacionalizarse sin avecindarse en la Isla.
4- Se les reconocen algunos derechos a los cubanos que salieron de Cuba irregularmente -ilegales les llama el documento oficial- que hasta el momento no podían visitar el país.
Se realizó el anuncio en una reunión con personas y organizaciones cubanas proclives al Gobierno cubano y radicados en Estados Unidos, muestra parcializada y sectaria que el Gobierno cubano acostumbra a definir como representantes de los emigrados.
El canciller afirmó que Cuba se abre, mientras los Estados Unidos se cierran, en alusión a las medidas punitivas, hasta el momento injustificado, de la Administración Trump. Pero olvidó aclarar que Estados Unidos “cierra” en una relación internacional -no importa ahora cuan deplorable haya sido su política- mientras que el gobierno cubano “abre” respecto a sus propios ciudadanos. Y que solamente abre una breve hendija en una habitación cerrada, oscura y llena de humo.
Hay dos cuestiones que vale la pena observar.
Primero, que los cambios que ha anunciado el canciller siguen dejando a la nación en el peor lugar de las relaciones de un estado con sus emigrados, de los que depende económicamente. Ninguno de los cambios tiene que ver con una perspectiva de derechos, como tampoco ocurrió cuando se produjo la reforma migratoria de 2013.
Se trata, como entonces, de medidas pragmáticas destinadas a mantener el flujo de cubanos a la Isla en momentos en que la embajada cubana -dados los recortes de personal- no puede procesar las decenas de miles de permisos de entrada, por 90 días al año como máximo, que se otorgan a los ciudadanos cubanos emigrados para que puedan visitar el país en que nacieron.
Se trata, sin lugar a duda, de un paso administrativo-positivo, pero que no implica el derecho de los cubanos emigrados a visitar libremente su Patria, a radicarse en ella sin permiso, a tener propiedades o derechos civiles y políticos en ella, etc.
No es difícil advertir, por ejemplo, que la eliminación del permiso para visitar la Isla está severamente constreñida por la ley vigente. Esta establece que no podrán entrar al país los emigrados que hayan (lo escribo casi textual) organizado, estimulado, realizado o participado en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano.
Enunciado que no aclara ni qué significan los verbos de involucramiento, ni qué debe interpretarse como actos hostiles, menos aún qué implica el orden existente. Obviamente mantiene un derecho de exclusión en manos del Estado cubano, favorable a su gobernabilidad autoritaria, pero lesiva a la noción de ciudadanía. No hay derechos: solo permisos más relajados.
La segunda cuestión es el contexto internacional en que se produce la decisión. Esta no es el resultado de una perspectiva aperturista al calor de un relajamiento de tensiones bilaterales. Ello hubiera sido así si la medida hubiese sido adoptada cuando Barack Obama abrió relaciones, eliminó múltiples medidas restrictivas y visitó La Habana en señal de buena voluntad. Al contrario, la reacción gubernamental cubana fue arreciar la represión y denunciar al presidente demócrata como un enemigo de guantes de seda.
La decisión se toma en un momento crítico, como una maniobra utilitaria para mantener el flujo de los miles de millones de dólares de los emigrados, sin los cuales millones de cubanos quedarían reducidos a la más terrible miseria y el Gobierno a una bancarrota al nivel del estropicio económico que ha generado.
Las crónicas hablan de vítores y aplausos de los cubanos emigrados invitados a la reunión con el canciller. ¿Qué aplaudían?Todo lo relacionado con la emigración es, por diversas razones- un tema de primer orden en la actualidad política cubana.
En primer lugar, porque los emigrados tienen un rol fundamental -económico, cultural y político- en el presente insular y será creciente en el futuro. En segundo, porque ellos han sido rehén del diferendo entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos, país este último que acapara el 90% de toda la diáspora cubana.
Y, por último, porque cualquier relajamiento es novedoso, si tenemos en cuenta que la política del Estado cubano frente a sus emigrados ha sido regularmente hostil, expoliadora y despectiva, y los migrantes fueron descriptos por varias décadas como una escoria moral y política que no cabía en la nueva obra revolucionaria.
Al menos, ocurrió así hasta los 90, cuando se convirtieron en el soporte principal del consumo familiar en medio de la crisis desencadenada entonces y que no termina, y un soporte clave de la carcomida balanza de pagos cubana.
Ahora el tema vuelve a ser noticia, cuando el canciller cubano -uno de los seres más grises del zoológico político oficial- ha anunciado medidas de apertura:
1-se eliminó la llamada “habilitación”, consistente en un permiso bienal para visitar la Isla por un máximo de 90 días;
2-Los que posean yates pueden entrar con ellos a algunas marinas disponibles.
3-Los hijos de cubanos nacidos en el extranjero pueden nacionalizarse sin avecindarse en la Isla.
4-Se les reconocen algunos derechos a los cubanos que salieron de Cuba irregularmente -ilegales les llama el documento oficial- que hasta el momento no podían visitar el país.
Se realizó el anuncio en una reunión con personas y organizaciones cubanas proclives al Gobierno cubano y radicados en Estados Unidos, muestra parcializada y sectaria que el Gobierno cubano acostumbra a definir como representantes de los emigrados.
El canciller afirmó que Cuba se abre, mientras los Estados Unidos se cierran, en alusión a las medidas punitivas, hasta el momento injustificado, de la Administración Trump. Pero olvidó aclarar que Estados Unidos “cierra” en una relación internacional -no importa ahora cuan deplorable haya sido su política- mientras que el gobierno cubano “abre” respecto a sus propios ciudadanos. Y que solamente abre una breve hendija en una habitación cerrada, oscura y llena de humo.
Hay dos cuestiones que vale la pena observar.
Primero, que los cambios que ha anunciado el canciller siguen dejando a la nación en el peor lugar de las relaciones de un estado con sus emigrados, de los que depende económicamente. Ninguno de los cambios tiene que ver con una perspectiva de derechos, como tampoco ocurrió cuando se produjo la reforma migratoria de 2013.
Se trata, como entonces, de medidas pragmáticas destinadas a mantener el flujo de cubanos a la Isla en momentos en que la embajada cubana -dados los recortes de personal- no puede procesar las decenas de miles de permisos de entrada, por 90 días al año como máximo, que se otorgan a los ciudadanos cubanos emigrados para que puedan visitar el país en que nacieron.
Se trata, sin lugar a duda, de un paso administrativo-positivo, pero que no implica el derecho de los cubanos emigrados a visitar libremente su Patria, a radicarse en ella sin permiso, a tener propiedades o derechos civiles y políticos en ella, etc.
No es difícil advertir, por ejemplo, que la eliminación del permiso para visitar la Isla está severamente constreñida por la ley vigente. Esta establece que no podrán entrar al país los emigrados que hayan (lo escribo casi textual) organizado, estimulado, realizado o participado en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano.
Enunciado que no aclara ni qué significan los verbos de involucramiento, ni qué debe interpretarse como actos hostiles, menos aún qué implica el orden existente. Obviamente mantiene un derecho de exclusión en manos del Estado cubano, favorable a su gobernabilidad autoritaria, pero lesiva a la noción de ciudadanía. No hay derechos: solo permisos más relajados.
La segunda cuestión es el contexto internacional en que se produce la decisión. Esta no es el resultado de una perspectiva aperturista al calor de un relajamiento de tensiones bilaterales. Ello hubiera sido así si la medida hubiese sido adoptada cuando Barack Obama abrió relaciones, eliminó múltiples medidas restrictivas y visitó La Habana en señal de buena voluntad. Al contrario, la reacción gubernamental cubana fue arreciar la represión y denunciar al presidente demócrata como un enemigo de guantes de seda.
La decisión se toma en un momento crítico, como una maniobra utilitaria para mantener el flujo de los miles de millones de dólares de los emigrados, sin los cuales millones de cubanos quedarían reducidos a la más terrible miseria y el Gobierno a una bancarrota al nivel del estropicio económico que ha generado.
Las crónicas hablan de vítores y aplausos de los cubanos emigrados invitados a la reunión con el canciller. ¿Qué aplaudían?
