A todo bombo y platillo, en Washington, delante de un grupo de emigrados cubanos amigos del antidemocrático y antisocialista Gobierno cubano, el canciller Bruno Rodríguez anuncia que “EEUU cierra y Cuba abre”, en referencia a supuestas nuevas políticas migratorias de ambos países.
Objetivos: hacer circular el titular por la prensa mundial para demostrar su bondad, frente a la crueldad del Gobierno de EEUU, contrarrestar las alegaciones sobre los ataques sónicos a diplomáticos extranjeros, neutralizar las acusaciones sobre las sistemáticas, masivas y flagrantes violaciones de los derechos civiles, políticos y económicos del pueblo cubano, y buscar la manera de exprimir más a esa emigración maltratada y esquilmada.
La que intenta ser una frase lapidaria del canciller, cae ante el análisis más elemental. EEUU no ha cerrado su política migratoria hacia Cuba. Las medidas para proteger su personal diplomático, hasta que el Gobierno cubano garantice la seguridad de los diplomáticos extranjeros, han llevado a prácticamente al cierre de las relaciones consulares entre ambos países.
Hasta ahora, que se sepa, el Gobierno cubano no ha dado ningún paso para dar esas garantías y, más bien, al culpar a los grillos de los ataques acústicos ha dejado en un indefinido limbo el futuro de las relaciones de todo tipo con EEUU. Al lavarse las manos en relación con el tema de los ataques sónicos, quiere dejar a EEUU como único responsable de la crisis en las relaciones entre ambos países, pretendiendo ignorar que fue la dictadura castrista la que inicio el congelamiento del deshielo, desde la visita de Obama.
Por su parte la “apertura cubana” no resuelve los graves problemas que confrontan los emigrados y no pasa de reconocer algunos de elementales derechos civiles siempre pisoteados, en un intento de aumentar las vías para recaudar ingresos, en medio de la seria crisis económica que vive el país, evidenciando la dependencia actual del Gobierno del dinero de los emigrados. Algo que, por cierto, la comunidad cubana podría utilizar mejor como arma de negociación.
La medida más sobresaliente es la eliminación de la “habilitación” del pasaporte, una especie de permiso para entrar en tu país, lo cual constituía una elemental violación de un derecho humano, específicamente reconocido en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “(1) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. (2) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”.
Casualmente, un día antes de la declaración de Bruno Rodríguez, a la esposa del opositor Oswaldo Payá, según sus familiares asesinados por el régimen, se le impedía entrar a La Habana y era enviada de regreso a EEUU sin poder salir del aeropuerto de La Habana, cuyo Gobierno tiene una “lista negra” en la que está un número indeterminado de emigrados a los cuales se tiene prohibida su entrada en Cuba por su oposición en algún momento al régimen.
Las medidas migratorias que más afectan a los emigrados siguen vigentes, a saber la obligación a los nacidos en Cuba de entrar al país con pasaporte cubano aunque tengan otra nacionalidad, así como el abominable precio del pasaporte, el más caro del mundo. Y, sobre todo, la imposibilidad de ejercer sus derechos en Cuba a los mismos a los que se les obliga a tener nacionalidad cubana: no pueden tener propiedades, realizar inversiones, no pueden votar en las elecciones (en realidad selecciones) y otras.
El efectismo castrista ya no engaña a nadie.
Mientras el Gobierno no muestre una verdadera disposición a tener en cuenta los intereses de todos los cubanos, lo que implica el inicio de un proceso de democratización, una verdadera apertura política con libertad de expresión, asociación, elección y actividad económica que abra paso a la participación democrática real de todos los cubanos de dentro y de fuera, sin distinciones, sin exclusiones, sin sectarismos; mientras se sigan violando flagrante, masiva y sistemáticamente los derechos civiles, políticos y económicos de todos los cubanos, el Gobierno seguirá siendo una dictadura que no merece reconocimiento ni respeto de la comunidad internacional y mucho menos de sus propios ciudadanos.
Los que aplauden al castrismo por estas migajas tienen derecho a expresarse como les parezca, pero deben saber que aplauden a una dictadura que traicionó la democracia y el socialismo, usados ambos como pedestales para erguirse y sostenerse por la fuerza.
Via: Diario de Cuba
