El chavismo sigue su escalada por mimetizar al régimen de Cuba. La recién aprobada “Ley contra el odio” de la Asamblea Constituyente chavista, atenta contra la libertad de expresión además de aumentar la persecución contra la oposición que intenta promover un cambio democrático en la nación petrolera, informa Diario Las Américas.
En el texto de 25 artículos inventado y aprobado por la Constituyente, se plantea una idea de “convivencia” que sólo se traduce en callar las voces críticas contra el régimen de Nicolás Maduro.
Las penas oscilan entre los 10 y 20 años de cárcel contra quienes inciten al “odio”.
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Maduro dejó claro que este nuevo instrumento legal va dirigido contra sus adversarios políticos, a quienes acusa de “pretender asaltar el poder y someter a un pueblo a través de la violencia y el odio”.
Además, refuerza los controles sobre la prensa y las redes sociales, obligándoles a difundir mensajes de “paz” y castigando con la revocatoria de concesiones y el bloqueo de portales a los que publiquen contenidos supuestamente “a favor de la guerra o apología del odio nacional”.
Preocupación
La comunidad internacional por su parte, ve con gran preocupación esta nueva ley promovida por el chavismo que intenta radicalizar su “revolución” para seguir aferrados al poder.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió un comunicado en el que manifiesta su “grave preocupación” ante una ley
“Dicha ley establece sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e Internet, en contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, reza parte del comunicado de la CIDH
Para el organismo, en un simple análisis realizado ya resulta alarmante por lo siguiente:
- El uso de figuras vagas y sanciones exorbitantes e imprescriptibles para penalizar expresiones de interés público.
- La imposición de gravosas obligaciones a todos los medios de comunicación, entre ellas la supresión y retiro de información de interés público.
- La amplia posibilidad otorgada al Estado de utilizar los medios de comunicación e imponer contenidos”, advierte la Relatoría, que solicita al régimen chavista derogar esta norma.
En el mismo orden de ideas, el profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Luis Alfonso Herrera Orellana, aseguró que dicha ley es un acto de fuerza por parte del régimen madurista y no es una legislatura democrática.
“Estamos ante un acto de fuerza, propio de una tiranía, y no ante una ley democrática y legítima”.
La observación parte del hecho de que este texto no fue aprobado por el Poder Legislativo venezolano, sino por la Asamblea Constituyente, foro integrado por 545 militantes del oficialismo que ha sido calificado como “fraudulento” por la oposición y la comunidad internacional.
“En lugar de dictar varios actos de fuerza contra cada sector, eligieron dictar uno solo para con la excusa de lograr la paz y la convivencia –típico proceder del comunismo totalitario de la Unión Soviética y la China maoísta- reprimir sin garantías judiciales ni escrúpulo alguno a toda persona natural o jurídica que no se someta a la voluntad de poder ilimitada de Maduro y sus aliados”, expone Herrera Orellana.
Redacción Cubanos por el Mundo
