Una demanda contra el canciller castrista Bruno Rodríguez posa en la Sala de lo Civil y Administrativo del Tribunal Provincial de La Habana. El demandante es el abogado independiente Julio Ferrer Tamayo, quien señala al canciller por “perjuicio y daño moral”, luego de que su despacho atentara contra la credibilidad del letrado cubano, informa Diario de Cuba.
Ferrer considera que este funcionario le infligió un daño moral debido a la información no veraz sobre su persona expuesta por la Cancillería cubana ante la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El abogado pide del Tribunal Provincial que exija a Rodríguez Parrilla una retractación pública por el daño moral causado a su persona.
“Con esta demanda quiero demostrar cómo las autoridades cubanas mienten todo el tiempo a organismos internacionales sobre asuntos internos sobre todo en relación con violaciones de derechos humanos hacia sus ciudadanos”, subrayó Ferrer
En dos ocasiones anteriores el jurista había notificado al Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) su desacuerdo con las aseveraciones expuestas ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por la misión diplomática cubana y conminaba al canciller del régimen a rectificar esta información.
En ambas ocasiones la Cancillería evadió su responsabilidad y delegó en la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia una respuesta al abogado independiente.
Ninguno de esos dos organismos gubernamentales ha hecho pronunciamiento alguno sobre este particular.
En la nota que enviaran las autoridades cubanas a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en diciembre del pasado año se expresa que Ferrer estaba “circulado por el Tribunal Provincial de La Habana por no presentarse a cumplir una sanción de cinco años de privación de libertad (…) por los delitos de estafa y falsificación de documentos públicos”.
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Califican además a todo el equipo de abogados del proyecto Cubalex donde Ferrer trabajaba como “vulgares delincuentes comunes bajo ropaje de defensores de derechos humanos”.
En su pedido de rectificación a las autoridades Ferrer Tamayo hace notar que no estaba circulado por Tribunal alguno, que solo fue acusado de falsificación de documentos públicos y condenado a tres años de cárcel “en un proceso sumamente amañado e ilegal donde se le impidió autodefenderse”.
Ferrer Tamayo afirma ser inocente de todos los delitos que se le imputan y sostiene que toda la represión en su contra se debe a su labor como asesor de varias organizaciones de la sociedad civil y por tratar de defender a su esposa, la abogada Marienys Pavó Oñate, en prisión desde 2012, acusada de un supuesto delito de estafa.
Redacción Cubanos por el Mundo
