Para el cierre de año, el semanario oficialista Escambray recopiló cifras y publicó que el régimen cubano colocó hasta noviembre de 2017, 21.895 multas de 815.380 pesos, equivalentes a unos 32 mil dólares, a los cuentapropistas que “atropellaron” los precios de los alimentos, según la Dirección Integral de Supervisión (DIS).
El gobierno castrocomunista este año fijó precios máximos de venta a los minoristas que distribuyen productos agrícolas a los cuenta propia o de forma estatal.
Deivy Carrera Calderón, jefa del grupo de la DIS, indicó que “los precios contemplados en la Resolución no se pueden violar por ningún concepto. Los decretos se han impuesto por las afectaciones al consumidor, ya sea porque no se le da la cantidad de producto establecido o por el cobro de más en alimentos que tienen los precios topados. Específicamente, a los trabajadores por cuenta propia se les aplica el Decreto-Ley No. 315, artículo 6, inciso k, el cual contempla multas de hasta 700 pesos por violar los precios establecidos por las autoridades competentes”.
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La funcionaria explicó que en 2017 “se han decomisado tres masas adulteradas de pesas y se ha llevado ante los tribunales a algunos vendedores transgresores de lo legislado”.
Tras el paso del huracán Irma, en septiembre el desabastecimiento en los mercados del país se acrecentó y ahora el régimen trata de tomar medidas al respecto, topando precios en algunas provincias como Cienfuegos, donde también ha racionado la venta de productos, así como en Villa Clara o Ciego de Ávila.
El desabastecimiento, incluso según las autoridades, se prolongará por más meses, debido a que el huracán arrasó con 338.000 hectáreas de caña, 95.000 hectáreas de cultivo y 466 granjas avícolas.
La estatal Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI) informó en noviembre que la producción cubana de alimentos se estancó en el primer semestre de 2017 y podría decaer este año debido a los daños ocasionados por el ciclón.
El sector cuentapropista, eufemismo que usa el régimen para evitar la palabra “privado”, se encuentra maniatado por las disposiciones estatales y tiene poco margen de desarrollo.
Restricciones
En junio las autoridades paralizaron la entrega de nuevos permisos a cuentapropistas argumentando que estos presentaban “irregularidades en los procedimientos”. A principios de noviembre volvió a autorizarlos, pero solo “con carácter excepcional durante la etapa de recuperación de la infraestructura turística afectada” tras el huracán Irma y circunscritos a ciertas actividades como construcción y transporte y carga.
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Mariano Murillo, vicepresidente, el pasado 31 de mayo aclaró ante la Asamblea Nacional del Poder Popular que el gobierno dictatorial no permitirá la concentración de la propiedad y de la riqueza aunque se autoricen formas de gestión privadas. Opinión que ratificó el dictador Raúl Castro.
Ante esta situación y decisión el economista Omar Everleny Pérez, expresó que “Cuba es el único país del mundo que persigue la riqueza y no la pobreza”.
Datos oficiales indican que solo en 2016 en la provincia de Santa Clara, el régimen confiscó bienes a 239 trabajadores del sector privado y les ocupó más de 10.800 artículos de plomería y ferretería, efectos electrodomésticos y 1.123.996 pesos cubanos.
Redacción Cubanos por el Mundo
