El cirujano Javier García-Bengochea dice ser el legítimo dueño del puerto de Santiago de Cuba, la segunda ciudad más importante de Cuba y como él, cientos de cubanosamericanos quieren demandar a aquellos que estén beneficiándose de sus propiedades confiscadas por la dictadura cubana hace décadas.
Son cerca de seis mil reclamaciones pendientes sobre propiedades confiscadas a estadounidenses y valoradas ahora en $8,000 millones, pero no se pueden emitir demandas, puesto que el secretario de Estado Rex Tillerson suspendió por otros seis meses un acápite de la Ley Helms-Burton, según reseña El Nuevo Herald.
Fue Tillerson, no el presidente Donald Trump, quien notificó al Congreso su decisión de suspender a partir del primero de febrero el derecho a demandar bajo el Título III de la ley.
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Esta decisión viene formándose desde 2013, cuando el entonces presidente Barack Obama delegó su autoridad en esta materia sobre Tillerson. Bajo el mandato de Donald Trump ya es la segunda vez que se suspende. La primera sucedió cuando Tillerson, delegó su autoridad en el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, quien finalmente hizo la determinación.
Sin embargo es bajo el gobierno de Trump que se piensa de nuevo en mantener en vigor el Título III comenzó, puesto que el Presidente ha prometido asumir una postura más dura con el gobierno de La Habana.
Razones
Sin importar que la Ley Libertad fuese aprobada en 1996, todos los gobiernos de EEUU, desde esa fecha han suspendido el controversial título III, considerado extraterritorial por importantes socios comerciales como la Unión Europea y Canadá, que tienen inversiones en Cuba.
Y es que no han querido correr el riesgo de dañar a aliados cercanos, sentar precedentes legales que contradigan otros principios de leyes estadounidenses o internacionales y mucho menos abrir la puerta a una potencial avalancha de reclamaciones.
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Para evitar esos riesgos y a la vez hacer algo al respecto, funcionarios de Barack Obama se reunieron con los de Raúl Castro discutir el tema, pero como era de esperarse por tratarse de la dictadura castrista, no llegaron a nada.
“La dictadura de Castro todavía nos debe a nosotros, los propietarios de los puertos, muchos cientos de millones… y se ha beneficiado de nuestras propiedades durante este período sin ninguna compensación o consideración por nosotros. Las entidades extranjeras han traficado de manera similar en nuestras propiedades robadas durante décadas”, aseguró el cirujano Javier García-Bengochea.
El acápite permitiría ampliar el grupo de personas que pudieran demandar en los tribunales estadounidenses a compañías y ciudadanos de cualquier país —incluido EEUU— cuyas inversiones estuvieran en terrenos o propiedades confiscadas por el gobierno cubano después de 1959.
“Terminaré como el Presidente comenzó [su discurso] el 16 de junio de 2017 aquí en Miami, explicando su política hacia Cuba y el cambio obvio que debe ocurrir: ‘vamos a hacer cumplir la ley existente’”, añadió García-Bengochea, dejando ver que luchará por la demanda que le corresponde imponer.
Redacción Cubanos por el Mundo
