¿Hasta dónde puede llegar la necesidad de esconder los actos de corrupción? ¡Hasta quemar empresas enteras de donde come el pueblo! Así, al mismo estilo de cualquier complot en las películas del imperio, actuaron los responsables de varias unidades agrícolas en Sancti Spíritus, según reporta Escambray.
Una decena de personas entre ellas directores, administradores y contables, trataron de esconder con fuego un desfalco de más de 34 mil dólares en venta de carne de cerdo al incendiar la sede la Empresa Provincial de Acopio (EPA) en junio de 2016.
La investigación arrojó que el fraude asciende a unos 825 mil 623.24 pesos o 34 mil dólares. Y al menos unas ocho personas con cargos administrativos fueron encontradas culpables de pagar a un joven la suma de 10 mil pesos para irrumpir en la sede empresarial e incendiar los archivos de documentos y equipos electrónicos.
Autor material
Ese joven se llama Carlos Rodríguez Rodríguez de 21 años. Huyó del siniestro en complicidad con su padre Jorge Luis Maya Soler y el entonces administrador del Mercado Agropecuario Estatal (MAE) No. 13, de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Comercializadora Sancti Spíritus Jorge Luis Maya Rodríguez.
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El incendio trataba de desaparecer cientos de pruebas que serían revisadas en una auditoría promovida por Acopio en la UEB Comercializadora. En ellas “más de un administrador de MAE parecía hundido hasta el cuello”.
Clemente Hernández Rojas, director general de Acopio, no llevaba todavía un año en el cargo, pero apoyó la auditoría porque sabía que la entidad empresarial “tenía una economía con un descontrol total; descontrol en las finanzas, en las cuentas por cobrar y pagar…”.
Hernández ya había sacado a la luz dos hechos de corrupción en el MAE No. 4, de la UEB Jatibonico, sancionados rigurosamente con apego a la Ley.
Ahora en la UEB Sancti Spíritus, colaboró para que se descubriera que el faltante de carne de cerdo “casi topaba las nubes, camuflado en una cuenta por pagar a la Empresa Porcina Provincial (EPP)”.
“No hubo un proceso de saneamiento y de decir: esta persona está cometiendo un delito, una irregularidad; vamos a separarla, vamos a extirpar el daño. Lo que se hacía era cambiarla de posición. La responsabilidad era de las UEB, y de la empresa por permitirlo; había que limpiar”, admite el actual director de la EPA, Clemente Hernández.
“Acopio es una empresa vulnerable porque trabaja con comida, con dinero en efectivo, con más de 140 mercados y placitas; pero realmente podemos decir que los delitos por descontrol económico aquí fueron sofocados”, alega Hernández.
Durante el 2017, la EPA procuró aumentar el salario promedio por trabajador a 654 pesos, aún insuficiente, según el propio medio, en aras de evitar este tipo de percances.
Razón
Jesús Martín Casanova, contralor jefe en Sancti Spíritus, achacó el hecho de corrupción a “la falta de supervisión y control por la dirección de la empresa, así como a la deshonestidad de los implicados que utilizaron sus funciones para beneficio personal”.
Los jueces de la Sala Primera de lo Penal, del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus sentenciaron a los acusados a cumplir condenas de entre 18 años y 4 años dependiendo del delito.
Los culpables se fueron a la cárcel luego de varios años de investigaciones, pero el pueblo cubano se quedó sin su beneficio. El dinero nunca fue recuperado.
Redacción Cubanos por el Mundo