Familiares de Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla, la única mujer asesinada junto al policía rebelde Óscar Pérez, pedirán la exhumación de los cadáveres del grupo rebelde, para iniciar una investigación que será llevada a cabo por un reconocido defensor de derechos humanos e investigador de masacres, informa El Nuevo Herald.
Walter Márquez, un ex diputado y famoso por denunciar la llamada “masacre de El Amparo” en la década de los ochenta, fue quien hizo el anuncio.
“Vamos a pedir la exhumación del cuerpo de Lisbeth Ramírez y de todos los seis que fueron ajusticiados. Mediante prácticas de exterminio el régimen le dio de baja”, dijo Márquez.
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Ramírez Mantilla, era la pareja de Jairo Simón Lugo Ramos, otro de los abatidos durante lo que ahora se conoce como la “masacre de El Junquito” y quien se encontraba en la vivienda que fue atacada por militares y fuerzas policiales del régimen de Nicolás Maduro el pasado 15 de enero, en las afueras de Caracas.
El investigador afirmó que la exhumación es un hecho “fundamental” para estudiar las heridas sufridas por las víctimas y poder resaltarlas con lo que dice en el acta de defunción.
“En muchos casos de masacre”, puntualizó, “como fue el caso de la ‘masacre de El Amparo, la exhumación sirve para determinar la balística utilizada y cómo se perpetró el crimen”, dijo.
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Para el ex legislador venezolano lo sucedido fue un ajusticiamiento cuya responsabilidad la atribuyó a Maduro y de los ministros de Defensa y del Interior, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol, respectivamente.
“En este caso todos los medios y la comunidad nacional e internacional pudieron seguir casi en directo lo que estaba ocurriendo en El Junquito, y por eso nosotros no tenemos la presunción sino la seguridad absoluta, en base a mi experiencia como parlamentario e investigador de masacre, de que ahí hubo un ajusticiamiento”, dijo.
Márquez afirmó que el caso de la mujer, ella fue capturada con vida y luego asesinada, a pesar de que sólo tenía una vinculación amorosa con uno de los rebeldes.
Márquez anunció también que exigirán la implementación de mecanismos de justicia nacional y principalmente de la justicia internacional ante la Corte Penal Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y solicitarán la intervención del Grupo de Lima y de la Unión Europea.
Redacción Cubanos por el Mundo
