Si le ha costado dinero los contribuyentes estadounidenses, no son necesarios. Pareciera que esa premisa es la que prevalece para tomar decisiones en cuanto a las nuevas medidas migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump.
Y es que el mandatario estadounidense está evaluando endurecer el acceso a la residencia permanente para los extranjeros que viven en Estados Unidos a quienes se les haya dado acceso a ciertos beneficios públicos como asistencia alimentaria, según reseña Reuters.
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Para ello el Departamento de Seguridad Nacional ha delineado una propuesta de nuevas normativas, que permitiría a los funcionarios de inmigración evaluar las condiciones de los extranjeros para determinar si podrían implicar una carga pública.
Ejemplos
En ese sentido, las autoridades estadounidenses podrían, por ejemplo, chequear si el solicitante de la residencia permanente ha inscripto a un hijo en programas preescolares del Gobierno o recibido subsidios en tarifas de servicios públicos y/o descuentos en la cobertura de salud.
Esta sería una medida que restringiría fuertemente la inmigración legal en el país. El borrador de la normativa es una drástica modificación respecto de los lineamientos actuales, que han estado vigentes por casi dos décadas.
La ley vigente prohíbe explícitamente a las autoridades evaluar los beneficios que no implican la entrega directa de efectivo para decidir si un extranjero en Estados Unidos puede convertirse en residente del país.
“Los no-ciudadanos que reciben beneficios públicos no son autosuficientes y están dependiendo del Gobierno de Estados Unidos y de entidades estatales y locales para obtener recursos, en lugar de sus familias, patrocinadores u organizaciones privadas”, indica el documento.
De la misma forma agrega el texto: “La recepción de beneficios públicos por parte de un extranjero es a expensas de un contribuyente y la disponibilidad de beneficios públicos implicaría un incentivo para los extranjeros para migrar a Estados Unidos”.
Redacción Cubanos por el Mundo
