El barrio San José, fundado hace 30 años cercano a la ciudad de Santiago de Cuba, sufre un contraste socio-político que se mantiene en la mayoría de poblados marginados por el régimen. La ayuda que han esperado por décadas no termina de llegar, cómo sí lo hacen los intereses políticos de los candidatos en campaña y sus falsas promesas.
Son más de mil las personas que viven en la miseria sin títulos de vivienda, sin médicos ni bodega para comprar alimentos controlados por el estado. Sin embargo, ya pueden ver los carteles con los candidatos a las próximas elecciones, tienen constituidos los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), circunscripciones y su Zona de Defensa. Según publicación de Diario de Cuba.
“Sí se trata de mejorar las condiciones de vida, el impedimento está a la orden, pero cuando se trata de las elecciones, de inmediato reina el espíritu persuasivo en aquellos que nos convidan a votar”, cuenta Juan Frómeta, a sus 60 años de edad y con 20 pasando trabajo en San José.
El poblador padece un cáncer de colon en primera fase, pero por la falta de atención médica en la zona no lleva un tratamiento adecuado.
“Ignoran cómo vivimos, cómo nos alimentamos y los muchos inconvenientes que afrontamos por lograr el reconocimiento legal”.
Sin titularidad
Sin los “papeles” que los acrediten para vivir en las casas que ocupan ilegalmente, no pueden beneficiarse tampoco de la comida que provee el estado cubano mediante la libreta de abastecimiento. Los recién nacidos nacen en el barrio sin ese derecho, por vivir sin registro legal.
Otra de las consecuencias de no tener los títulos según los vecinos es que Planificación Física no deja hacer ninguna reparación a sus deterioradas viviendas.
“En una ocasión me impuso una multa de 1.500 pesos por tratar de arreglar un cuarto de mi vivienda. Interpretaron la reestructuración como una ampliación”, lamenta el señor Frómeta.
Manos atadas
Iralis Matos Machado, una de las pocas habitantes que ha logrado el título de propiedad de su vivienda entre 320 familias, asegura que no constituye ninguna ventaja. Reside en el lugar desde hace 16 años, su vivienda quedó en pésimo estado desde que el huracán Sandy la dañó en 2012.
“Hasta hoy no he logrado hacer nada. No me permiten construir, ni vender, ni permutar. Para el año 2015, debido al mal estado en que quedó la casa, se me hizo creer que sería trasladada a una nueva y nada ha pasado. Planificación Física orientó que debía esperar por la comisión y el dictamen del Gobierno para ver cuáles serían las viviendas beneficiadas”, contó.
El status de ilegalidad afecta especialmente a los recién nacidos en la comunidad. Lo pudo constatar Adalidia Moris Bozan, residente en el lugar y originaria de Baracoa, cuando en el año 2015 solicitó la libreta de racionamiento para su nieta.
“Menos mal que tengo un hijo afuera. Gracias a su ayuda no estamos pasando hambre”, confesó la cubana.
Redacción Cubanos Por El Mundo
