Tras veinte años de espera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ante el mundo el injusto encarcelamiento que en el año 1997 el régimen cubano impuso a cuatro opositores cubanos autores de “La Patria es de todos”. Una serie de abusos cometidos fueron reconocidos en el Informe número 27/18, que reivindica la lucha de sus protagonistas por la libertad en Cuba.
“Aunque el referido Informe sea tardío, coloca las cosas en su justo lugar. Quienquiera que lea el extenso y argumentado documento con espíritu de objetividad, concluirá de qué lado están la razón y la justicia; quién actuó en forma contraria a derecho”, asegura uno de los integrantes del grupo, René Gómez Manzano, en publicación de CubaNet.
Los opositores fueron encerrados sin acceso al aire libre, expuestos a mala alimentación y a deficiente atención médica, además de la negativa de un tribunal a ponernos en libertad provisional, pese a haber permanecido encarcelados durante un tiempo superior a la sanción mínima imponible por el supuesto delito.
“Por supuesto que yo habría preferido que la actuación de la prestigiosa Comisión hubiese sido menos demorada. Naturalmente me habría agradado que mi hermano de causa Félix Antonio Bonne Carcassés, hubiese conocido en vida esta decisión adoptada por ese órgano de la OEA, especializado en defender los derechos humanos”, confesó Gómez.
Respuesta oficial
Según describe Gómez el documento de la CIDH señala la actuación de los jueces de la Isla.
“El tribunal realizó apreciaciones jurídicas abiertamente contrarias a los principios democráticos”; “la sentencia condenatoria hace evidente que lo que se persigue es silenciar a las voces críticas del gobierno”, dice el texto.
Sin embargo, la recurrente respuesta oficial, lavándose las manos de cualquier acusación, contrapone los señalamientos del organismo.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia legal, ni la Organización de Estados Americanos autoridad moral, para juzgar el disfrute de los derechos humanos en Cuba”, declararon las autoridades.
Arbitrariedades
Gómez agrega que además de los abusos cometidos en contra del grupo, también fueron vulnerados sus derechos como jurista.
“Pese a que el vigente Decreto-Ley sobre el Ejercicio de la Abogacía permite que un letrado se represente a sí mismo, el tribunal actuante no admitió que yo ejerciera ese derecho. El pretexto fue mi no pertenencia a los bufetes colectivos ni a la Unión de Juristas. El principio de que no cabe distinguir allí donde la Ley no distingue, fue echado en saco roto”, explicó.
Para el opositor, la medida de la Comisión representa en un apoyo a todos los que en Cuba se enfrentan al actual régimen totalitario.
“Y esto es algo que todos debemos agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque ella haya actuado con excesiva lentitud”, sentenció.
Redacción Cubanos Por El Mundo
