En la que representa la primera acción internacional contundente en contra de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, el Parlamento de ese país aprobó la puesta en marcha de un juicio político por corrupción en el caso de las coimas recibidas de parte de la empresa brasilera Odebrecht.
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Maduro es uno de los más de 10 presidentes latinoamericanos que ven manchada su llegada al cargo o su práctica presidencial, por la corrupción de la empresa trasnacional.
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Y es que, aunque el juicio a Maduro pudo haber sido por delitos de lesa humanidad, por la violación de los derechos humanos, por violación a la Constitución, o por narcotráfico; la fiscal Luisa Ortega Díaz que opera desde el exilio, decidió avanzar en una serie de investigaciones a través de las cuales, presidentes de otros países ya han hasta renunciado.
La polémica por el caso Odebrecht, y la intolerancia internacional a estos actos de corrupción, levantan las expectativas de la oposición venezolana que llevan años intentando sacar a Maduro del poder, por acusarlo de profundizar la peor crisis humanitaria que ha existido en el país petrolero.
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Proceso
Fueron 105 los diputados que aprobaron la investigación de un total de 165, puesto que en el año 2015 la oposición del país se hizo de la mayoría absoluta del Parlamento, con 110 diputados, .
Sin embargo, el régimen empezó en ese momento a boicotear su trabajo. Condenó a tres de los diputados electos, todos del estado Amazonas al oeste del país, a una ilegalidad a través del Tribunal Supremo de Justicia.
Luego de más de tres meses ese mismo TSJ no había solucionado la irregularidad, obligando al Parlamento a entrar en un desacato perpetuo, para que no pudiese ejercer sus funciones de control del ejecutivo y legislación para el país.
Todos los procesos se detuvieron por el nombramiento del Parlamento en desacato por parte del TSJ, por lo tanto, el régimen a través de ese mismo tribunal se atribuyó todas las funciones de la Asamblea Nacional electa por el pueblo y reconocida internacionalmente.
Actualmente
En este momento existe Ortega Díaz, la fiscal en el exilio y Tarek William Saab, el fiscal nombrado por el régimen. Existe un TSJ en el país nombrado por el régimen y 13 magistrados en el exilio, nombrado por la legitima Asamblea Nacional.
Además, para terminal de matar el órgano legislativo constitucionalmente establecido, el régimen convocó una Asamblea Constituyente para hacerse de todo el poder.
A través de ella, convocó a elecciones presidenciales adelantadas y sin condiciones comprobadas, para relegitimarse.
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Toda situación es condenada internacionalmente y entendida por los líderes de más de 50 países, de los cuales se espera que apoyen el juicio por corrupción a Maduro.
Redacción Cubanos por el Mundo