Al menos 20 migrantes cubanos, entre ellos varios niños, serán desalojados de una pensión en Uruguay según informan medios locales.
El grupo de migrantes cubanos que habitaba en el cruce de las calles Hermano Damasceno y Paysandú presentó ante la Fiscalía General de Uruguay una denuncia por estafa.
Aunque estaba previsto que se iniciara el desalojo en su contra para este lunes, se conoció que consiguieron una prórroga.
Según detalló el abogado defensor de los cubanos, Juan Ceretta, los migrantes llegaron a Uruguay y obtuvieron la información de los apartamentos alquilados.
“Ellos llegan a Uruguay y les avisan que hay unos apartamentos que se alquilan. Una persona con la llave del apartamento, que se presenta como el administrador, pide unos cinco mil dólares, como alquiler de pago adelantado de dos años. Estamos hablando de apartamentos en muy mal estado, los baños no tienen wáter, no hay instalación eléctrica, en realidad son inhabitables. Para ellos era una posibilidad de vivir en un hogar”, relató Ceretta.
“Firman un papel, donde dice que alquilan por dos años y el administrador les dice que para que tengan más tranquilidad hacen firmar como testigos a otros cubanos que están ahí. Resulta que a los 20 días que están ahí les cae un cedulón de desalojo, donde el que inicia el juicio es aparentemente el dueño de la finca, aunque no lo acredita, que desaloja al que se presenta ante ellos como administrador”, agregó.
Además, Ceretta explicó que se adjunta un contrato “donde dice que el dueño le da en comodato precario a este tipo que figuraba como arrendador, aunque ese contrato no tiene ni fecha ni identifica qué dirección, ni nada”.
“El supuesto propietario desaloja al arrendador, pero a los que la policía va a sacar es a los cubanos que están adentro, porque esta persona desaparece inmediatamente que empiezan a llegar los cedulones”, advirtió.
Por otro lado, el abogado desconoce si quien aparece como propietario también está involucrado en el tema o conoce a quien dice ser arrendador.
Lo que sufren los cubanos
“Estamos buscando una solución, porque por más que Fiscalía formalice a los involucrados no solucionamos el tema de vivienda para estas personas”, concluyó Ceretta.
Hace dos meses trascendió el caso de un grupo de migrantes cubanos y venezolanos que habían sido estafados por una mujer que les cobraba el arriendo de la pensión en la que se estaba quedando, pero esta no le pagaba al dueño del edificio, razón por la que las autoridades procedieron a desalojarlos.
Redacción Cubanos por el Mundo
