Las autoridades de Las Tunas en lo que va de pandemia han llevado a casi un centenar de personas a juicio por supuestos delitos vinculados a la propagación de la pandemia por COVID-19. Según cifras recogidas por la prensa oficial, de estos, al menos 34 han sido encarcelados.
En total son 84 juicios contra 91 ciudadanos en Las Tunas, de los que al menos 30 tuneros están recibiendo “penas combinadas”, es decir: encarcelamiento, trabajo correccional sin él o restringir su movilidad a cambio de una multa, esta última práctica muy acentuada por el régimen. Particularmente en esta provincia, al menos 13 han sido sancionados con el pago de ellas.
Además, de los 91 juicios enjuiciados, solo ocho figuran como absueltos de culpas en la provincia, de acuerdo al informe de Periódico 26. Los juicios se ejecutan contra aquellas personas que, desde la perspectiva de quien ejerce el castigo como ha quedado demostrado, está siendo propagador de la pandemia o incurre en supuestos delitos como desacato o desafío a la autoridad.
Citan entre algunas acciones para ser llevados a juicio y sometidos a sanciones hechos como no portar de forma correcta el nasobuco o responder de una forma incorrecta a los funcionarios de la Policía Nacional Revolucionaria; además, por estos días también se ha alertado sobre la organización de fiestas con presencia de gran número de personas y en otro orden, acciones de acaparamiento de mercancías, por los denominados “coleros”.
Particularmente en la disposición de supuestas violaciones en la propagación de la pandemia, al menos 68 personas de la provincia fueron llevadas a juicio. Cuando esto ocurre les pueden esperar caminos que van desde un encarcelamiento que puede prorrogarse hasta 12 meses o la imposición de multas entre 100 y 300 pesos, dependiendo de lo que definan las autoridades. Pero si esto ocurre de forma “maliciosa”, como refieren las autoridades, pueden ser sancionados con encarcelamientos entre 3 y 8 años de duración.
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En relación al accionar de la Policía Nacional Revolucionaria en el referido “ordenamiento” de las colas para adquirir alimentos y otros productos de primera necesidad, asegura la jefa de la Unidad de Información y Análisis de la policía en Las Tunas, Misleydis Almenares, que al menos 60 mil ciudadanos han estado en el radar de los funcionarios, siendo impuestas multas en al menos 5 mil 600 personas.
Sin embargo, cientos de ciudadanos no solo en Las Tunas sino en otras provincias han denunciado el carácter discrecional de esta práctica por parte de funcionarios de la PNR. Las multas así como la detención por algunas horas, e incluso las agresiones físicas, son parte de las violaciones a las que se enfrentan prácticamente a diario en la isla.
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Redacción Cubanos por el Mundo
