En mayo, la policía cubana detectó presuntamente escondidas 34 láminas de acero en el poblado El Marañón, de Las Tunas. Las investigaciones hechas hasta la fecha arrojaron que en el hecho está involucrado el director de una empresa de logística para el mantenimiento del petróleo.
Este material está dirigido a la reparación y mantenimiento de tanques para almacenar combustible, siendo la entidad Cupet, la única autorizada para importar este recurso.
En el reporte de la prensa oficialista, se conoció que, las láminas de acero fueron desviadas con la implicación del director y otros trabajadores de la compañía logística, además del apoyo de un individuo natural de Las Tunas, que no estaba vinculado laboralmente a la compañía.
El tercero, era el encargado de organizar los movimientos de los productos hurtados, hasta una antigua planta de asfalto de la localidad Santa María del Rosario, para después venderlo de forma ilícita en La Habana.
Las láminas de acero eran sacadas de la empresa, “violando los procedimientos de control interno y los sistemas contables, enmascaraban las sustracciones ilícitas de estos recursos”, dijo el capitán Javier Zamora, a cargo de las investigaciones y el decomiso.
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Por su parte, los receptadores se encargaban de transformar dichas planchas de acero en tiras que se comercializaban de forma ilegal para la fabricación de puertas, ventanas u otros trabajos de herrería.
“Paralelamente, se encontró un receptador en el municipio de Guanabacoa. En el momento de las actuaciones se ocupan 381 angulares, cuatro motores eléctricos, tres molinos de piedra artesanales, una cizalla, una dobladora, cinco de oxígeno, entre otros recursos”,
agregó el funcionario.
Por su parte, se conoció que la Dirección de Supervisión y Control de la Unión Cuba Petróleo a través de los órganos del MININT, están elaborando inventarios de todos los artículos desviados, que tienen un valor estimado en 257 mil 511 pesos.
Cabe destacar que, todos estas láminas son recursos de importación, y son planchas de 8 milímetros, con un tamaño de 8 metros de largo por dos de ancho, las cuales están valoradas cada una en 1.348 pesos moneda total.
Los quince acusados ahora atravesarán un proceso penal. Diez de ellos están bajo medida cautelar de prisión provisional, donde está el director de la empresa de logística y el encargado del almacén.
Los revendedores están bajo investigación en proceso, para adjudicarles supuestas implicaciones por varios delitos y serán utilizados como chivatones para dar con el paradero de otras posibles personas que participan en este delito.
