El pasado domingo, en una calle de la zona Luis Espinal, de la ciudad El Alto, en Bolivia, fue hallado el cuerpo sin vida y con evidentes signos de violencia, de Esther, siendo el “infanticidio” Nº 33 del año.
Según declaraciones de la Policía la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, además de evidencias de una agresión sexual de vieja data. El martes se realizó el sepelio de la menor, acompañada de sus vecinos, exigiendo justicia.
Mientras, la Fiscalía de la Paz, señalaba haber detenido a los presuntos responsables del infanticidio en Bolivia. Un hombre de 42 años, junto a otras tres personas.
Este caso ha causado gran estupor en la población.
Señalan, que la situación de los niños en Bolivia, se ha complicado aún más debido a la estricta cuarentena. Muchas madres solteras se han visto en la obligación de salir a resolver el sustento de sus hijos, mientras estos quedan solos en casa, a merced de sus atacantes.
Esther, vivía en una habitación alquilada con baño compartido, en un complejo de viviendas de personas de bajos recursos en El Alto. Una ciudad formada inicialmente, por migrantes pobres del occidente de Bolivia.
El día de su muerte, Esther se había quedado sola en su habitación, cuidando a su hermanita de tres años, mientras su madre salía a vender frutas junto al bebé de nueve meses.
Esther soñaba con ser maestra, le decía a su madre Yola Cavillo, que iba a estudiar y ser una profesional para ayudarla y así ella no tuviese que trabajar más.
Según informó la Fiscalía, el principal sospechoso de este infanticidio, es un vecino del sector, visto ese domingo en la habitación de la niña, en compañía del conductor del taxi donde supuestamente se llevaron a Esther y luego la arrojaron a la calle.
El tercer detenido en este caso es un vendedor de discos compactos, que “constantemente abordaba a la niña con regalos de su mercadería y que presentaba una actitud sospechosa”.
El caso de Esther es solo la “punta del iceberg”
Para Jessica Echevarría, directora de la Red Ciudadana contra el Infanticidio y el Abuso Sexual, Esther es la representación de muchas niñas en Bolivia, quienes viven en pobreza y las madres deben salir a trabajar. Añadió,
“El ver ese cuerpecito abandonado, vejado, ha hecho que todo un país despierte porque la sociedad venía siendo muy indiferente con la situación de violencia y maltrato hacia los niños”
Esta organización, lleva un registro de unos 400 casos de violaciones, y alrededor de 12.605 casos de violencia intrafamiliar, con víctimas menores.
De acuerdo con esto, Virginia Pérez, jefa de Protección de la Niñez y Adolescencia de Unicef en Bolivia, afirma que el infanticidio de Esther es solo la “punta del iceberg”.
Bolivia es uno de los países suramericanos con los índices más altos de violencia intrafamiliar, contra la mujer y contra la niñez.
Además de resaltar que las estadísticas oficiales, no muestran la realidad, ya que, según las cifras de su organización, son muchos los casos que o no son reportados o simplemente se pierden en los trámites.
Muchos de los casos de violencia y abuso infantil se dan en los propios hogares o en las cercanías. Por lo que Pérez, señala que la estricta cuarentena a expuesto a los niños a sus agresores, sin el respaldo o apoyo de las escuelas.
Esto ha hecho que “los casos de violencia contra la niñez y violencia sexual se multiplican más rápido que los contagios de coronavirus”. Hasta finales del mes pasado, 1300 niños habían resultado contagiados de coronavirus, y 8 habían fallecido.
Según María Galindo, líder del movimiento feminista Mujeres Creando, la madre de Esther debe haber recibido una ayuda máxima de 500 bolivianos, uno 72 dólares, cifra muy por debajo de los 2.100 bolivianos correspondientes al salario mínimo. Agregó,
“Hay un lavado de manos de parte del Estado que declara la cuarentena, luego declara la flexibilización de la cuarentena, pero no otorga ningún tipo de solución para los niños y las niñas que no están en el colegio ni para las madres”
Las autoridades se pronuncian
Nadia Cruz, Defensora del Pueblo, cuestionó la falta de acción del Gobierno interino de Jeanine Áñez, en protección al niño y el adolescente, durante la cuarentena. La presidente Áñez, una vez se conoció este infanticidio, dijo que no se toleraría ningún tipo de violencia.
Wilson Santamaría, Ministro de Seguridad Ciudadana, adelantó que se fortalecerían las políticas de prevención de violencia contra las mujeres y los niños, A la fecha no se ha expuesto ningún plan.
El Gobierno ha pedido la pena máxima de 30 años para el autor de este crimen. Mientras, la petición popular, va de cadena perpetua, castración química hasta pena de muerte. Al respecto, Echevarría se pronunció:
“Es la primera vez que todo el país se pronuncia de esta manera contra un infanticidio” … “Nosotros estamos trabajando desde 2017 con este tema y lo que queremos es que de una vez por todas se dé el debate y que, al igual que en Colombia, se apruebe la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños”.
Para Galindo, este caso no ha causado el efecto que debería en el país:
“Bolivia se convulsiona periódicamente con los infanticidios, los feminicidios. Hay dolor, hay una sensación de impotencia, pero al mismo tiempo hay un deseo muy perverso de no analizar las cosas y de no actuar contra las causas”.
Galindo, considera que fallas como la “irresponsabilidad paterna”, guardan estrecha relación con los infanticidios. En el hogar de Esther, había una madre con tres niños. Ahí se observa una irresponsabilidad paterna, sumado a la incapacidad del Estado de dar solución a una situación de pobreza extrema.
La Comisión económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal) ubicó a Bolivia, el año pasado, como el principal país en asesinatos machistas en Sudamérica.
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