Yoennis Domínguez de la Rosa, uno de los cubanos que estuvo presente en el enfrentamiento entre funcionarios de la dictadura y vecinos del poblado Nuevo Vista Alegre en Santiago de Cuba a principios de año, es víctima de las arbitrariedades del nefasto sistema de “justicia” cubano, ya que están pidiendo hasta nueve años de cárcel por haber grabado y subido a las redes sociales el hecho. Recordemos que el combate contra los militares ocurrió luego de que estos “rescataran” a Alejandro Wilson Correa de ser linchado tras haber presuntamente violado a una niña.
El cubano cuenta que fue liberado bajo fianza tras permanecer cinco meses y 20 días en la cárcel. ¿Su delito? Dar a conocer que el pueblo unido es capaz de vencer cualquier fuerza represiva si así lo decide.
Los eventos ocurrieron el pasado 10 de febrero de 2020 y generó conmoción en todo el país, primero porque Wilson Correa al parecer abusó sexualmente de una niña de ocho años. Luego, el enfrentamiento contra las fuerzas combinadas del MININT, que generó toda una persecución contra los vecinos de dicho poblado.
El santiaguero relata que primero fue citado el 12 de febrero a declarar en la primera unidad policial Micro 9, donde lo ofendieron como tratando de que se alterara para poder acusarlo de desacato “Me encerraron en un cuarto y me dijeron todo tipo de ofensas para que yo me alterara y me pusieran un desacato. Como no me dejé provocar, me ocuparon mi teléfono y mi laptop y me liberaron”.
Dos días después, fue detenido y llevaron a la misma unidad policial, donde lo castigaron sin comida y lo dejaron dormir a la intemperie, pese a las bajas temperaturas que en ese momento había en la zona. Denuncia que oficiales de inteligencia del MININT lo presionaron para que se declara culpable de algo que alega no haber cometido.
“Me obligaron a decir que yo había incitado a las personas a que lanzaran piedras y agredieran a los guardias. Al principio lo negué, porque es mentira, si ves mis videos yo solo filmé, pero Julián (uno de los oficiales) me dijo que él no estaba jugando, que el ministro del Interior había dado la orden de apresarme y que si yo quería seguir vivo que asumiera que yo había sido el promotor de todo lo sucedido”, explicó.
El cubano afirma que el castrismo estaba buscando aun “chivo expiatorio” al cual culpar por lo ocurrido ese día, ya que no pueden tolerar que el pueblo se haya alzado contra la injusticia que se cometió. “Bajo amenazas, chantaje y coacción le arrancaron una confesión, puesto que las autoridades locales necesitaban un chivo expiatorio para complacer a sus jefes”, detalla CubaNet, medio independiente que lo entrevistó.
Intentaron relacionarlo con algún movimiento opositor en Cuba e incluso le llegaron a preguntar si recibía ayuda desde Estados Unidos. “Me dieron a elegir, entre dos delitos, uno era atentado. Según ellos, aunque fuera inocente iba a pagar, pero si decía lo que ellos querían solo sería un año y seis meses de prisión domiciliar”.
Trato inhumano en Santiago de Cuba
Luego de las amenazas y maltratos, fue llevado hasta el centro de operaciones llamado Versalles, lugar reconocido por las constantes violaciones de derechos humanos que ahí se aplican. Otras personas de su barrio estaban detenidas junto a él, casi todas acusadas de lo mismo. A los pocos días salieron en libertad, menos él, ya que no pudo contratar a un abogado.Cuenta que lo mantuvieron varios días sin colchón, toalla y otros objetos de primera necesidad.
Luego fue llevado al Destacamento 6 de la prisión Aguadores, donde intentó suicidarse. Después de este evento, fue internado por tres días en el hospital psiquiátrico de la provincia. En este lugar sufrió episodios violentos, permaneció esposado y fue tratado con drogas aun en contra de su voluntad. En prisión también fue víctima de violencia policial, donde estuvo esposado de pies y manos por días, obligado a hacer sus necesidades fisiológicas encima.
Luego de todo este infierno, fue colocado en libertad bajo fianza con una multa de mil pesos cubanos. Pero ahora enfrenta a un fiscal que está pidiendo siete años por “atentado”, uno por “desacato” y dos por “desorden público” con una sanción conjunta de nueve años de privación de libertad.
“Yo no hice nada malo, grabé y publiqué videos en mis redes sociales, no incité a la violencia, no ejercí violencia. Ni siquiera tengo antecedentes penales, pero quieren que alguien pague para ejemplarizar al resto”, cuestionó el cubano de 35 años de edad.
Redacción Cubanos por el Mundo