La mujer acusada de ahogar a su hijo autista de 9 años en un canal de Miami, y acusar falsamente a dos hombres de su secuestro, se declaró “indigente” con lo que espera que los contribuyentes ayuden a pagar por su defensa.
Patricia Ripley solicitó al juez de circuito de Miami-Dade, que la declare “indigente”, a pesar de conocerse que su familia planea pagar trescientos mil dólares a un trío de abogados, para su defensa.
El dinero de los contribuyentes se utilizaría para pagar honorarios de un investigador privado, testigos expertos, copias legales y declaraciones, que son necesarios en el caso. Si bien, aún es demasiado pronto para saber cuánto le costaría al estado de Florida esta asistencia, otros casos de pena de muerte le han costado cientos de miles de dólares, por los mismos conceptos.
Juez anula la petición de Patricia Ripley
La decisión recaerá en el juez de circuito de Miami-Dade Charles Johnson, quien la semana pasada acordó declararla “indigente”, sin haber tenido una audiencia. El martes siguiente, el propio juez Johnson anuló la sentencia, debido a la negativa de las autoridades estatales de dar asistencia pública a Ripley.
Según los fiscales, Ripley notificó a la policía del secuestro de su hijo autista por dos hombres afroamericanos. Las autoridades estatales, emitieron una alerta Amber. Sin embargo, los detectives sospecharon inmediatamente de la madre, debido al cambio en sus historias.
Al día siguiente, el cuerpo sin vida del niño fue hallado en un canal ubicado a unas cuatro millas de donde se produjo el “presunto secuestro”.
Los detectives de homicidios de Miami-Dade se enteraron de inmediato que la mujer, más temprano, había sido vista con el niño en otro lugar, a lo largo del mismo canal.
El video, tomado de un complejo de condominios cercano, la mostraba empujando al niño hacia el agua, pero en ese intento fue rescatado por un transeúnte. Aproximadamente una hora después, la mujer volvió a empujar a su hijo autista al agua en un canal de Miami donde finalmente se ahogó.
Después de horas de interrogatorio, Ripley admitió haber inventado la historia del secuestro. Terminó confesando haber llevado a su hijo autista al canal donde murió. Agregó, “estará en un lugar mejor”.
Encarcelada desde su arresto
La Oficina del Fiscal Estatal de Miami-Dade, dice que una vez se reanude el gran jurado, (suspendido por la pandemia de COVID-19), se buscará una acusación por asesinato en primer grado, esto significa que la mujer podría enfrentarse a la pena de muerte.
Este tipo de litigio es costoso y muchos acusados que lo enfrentan, terminan con abogados públicos por no poder pagar los gastos. Sin embargo, la familia Ripley está contratando a un trío de abogados defensores privados de Miami: Susy Ribero-Ayala, Sam Rabin y Andrea López.
Ribero-Ayala, fue contactada vía correo electrónico, pero se negó a abordar el tema de la indigencia, dijo:
“Lo único que puedo decir es que la situación actual con COVID-19 hace que defender este caso sea más complicado debido a nuestra incapacidad de ver a la Sra. Ripley cara a cara … Solo se nos permite verla a través de un cristal y es extremadamente difícil, si no imposible, escucharla o que nos escuche. “
La defensa dijo que la familia Ripley ya pagó treinta mil dólares y espera pagar el resto de la factura legal de trescientos mil dólares, para diciembre. Esto lo hará mediante la venta de una propiedad en República Dominicana.
No califica como “indigente”
La Comisión de Administración Judicial (JAC), encargada de manejar las facturas de los acusados pobres, señaló que, según la ley estatal, se “presume” que cualquier persona que pague más de veinticinco mil dólares por un caso capital tiene suficiente dinero para pagar todo el caso.
El abogado de JAC Christian Lake dijo
“Teniendo en cuenta la cantidad a pagar, la acusada tiene una carga sustancial para demostrar que califica como indigente para los costos … Su propiedad parcial de una propiedad ubicada en la República Dominicana probablemente impida tal hallazgo hasta que se agoten los fondos asociados con ese activo”.
El juez Johnson declaró indigente a Ripley el 26 de junio, el mismo día de la solicitud. A pesar de que los fiscales y el JAC habían solicitado una audiencia. Su orden decía que tomó la decisión “después de escuchar los argumentos” de los abogados. Pero nunca se celebró una audiencia judicial.
La Fiscalía del Estado de Miami-Dade no se enteró de la orden hasta el martes, mediante un correo del Miami Herald en busca de comentarios sobre la decisión del juez.
En una presentación judicial el martes, la fiscal estatal Gail Levine, pidió una audiencia y dijo que Ripley no califica para la asistencia al contribuyente según la ley estatal. Señaló,
La Fiscal Estatal Gaill Levine, solicitó, en una presentación judicial celebrada el día martes, una audiencia. Señaló que Ripley no califica para la asistencia al contribuyente, según la ley estatal. Agregó
“Ni el Estado ni la JAC tuvieron la oportunidad de ser escuchados”
El juez Johnson rescindió la orden y fijó la audiencia para el 9 de julio.
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Redacción Cubanos por el Mundo