Una vez más el régimen de Cuba se vale de sus torcidas leyes para intentar amedrentar a los cubanos. De acuerdo con una nueva regulación que se incluyó en un anteproyecto del Código Penal, aquellos cubanos que reciban un supuesto “financiamiento extranjero”, podrán ser condenados de cuatro a 10 años de cárcel.
La regulación califica la ayuda que reciben algunos cubanos desde el extranjero como “acciones antigubernamentales”.
Dicha regulación, que fue publicada por el Tribunal Supremo Popular en su sitio web y que será presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en abril de 2022, busca abrir un nuevo instrumento de represión en contra los activistas pacíficos por parte del régimen de Cuba.
Esta nueva regulación que lleva por nombre “otros actos contra la Seguridad del Estado”, está incluida en el Capítulo V del Código Penal cubano.
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Según el artículo 143 de este capítulo, “quien, por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, incurre en sanción de privación de libertad de cuatro a diez años”.
Esta legislación, como muchas otras, pueden ser “torcidas” por la (in) justicia de Cuba a la hora de presentar cargos contra los activistas pacíficos ¿de qué manera?
Para nadie es un secreto que miles de cubanos sobreviven gracias a las remesas que reciben desde el extranjero por parte de sus familiares. Con esta nueva ley, el castrismo podría considerar una de esas remesas como financiamiento y perjudicar a las personas que luchen por la libertad de Cuba.
Mientras que el artículo 144 plantea que “quien al tener conocimiento de la preparación o ejecución de cualquier delito contra la seguridad del Estado, no lo denuncie, sin perjuicio de tratar de impedirlo por todos los medios a su alcance, incurre en sanción de privación de libertad de uno a tres años”.
Según el Código Penal, estas medidas son para proteger a la sociedad, a las personas y al orden político, económico y social establecido en la Constitución de la República de Cuba.
Redacción Cubanos por el Mundo
