El joven Raidel Rafael Guerra Godínez es un preso político del 11 de julio (11J) que lleva encarcelado en Valle Grande más de 11 meses por presuntamente delitos de atentado, desórdenes públicos e instigación a delinquir. Pero lo que hace más triste su situación es que no dispone de un abogado que lo defienda ante la dictadura.
Según con su pareja, Ariadna Barroso Moreno, quien vive junto a él en el asentamiento Los Mangos (San Miguel del Padrón), Guerra Godínez de 33 años no cuenta con un abogado que “lo asesore y ayude”.
“Por el Estado cuesta 4.200 pesos y no tenemos dinero para pagarlo. Yo soy una simple vendedora de escobas y haraganes por la calle y de ese mismo dinero que me gano tengo que llevarle el alimento a la cárcel porque allí la comida es mala”, detalló Ariadna.
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Al joven, la Fiscalía le solicita nueve años de prisión, cuando su mayor delito fue pedir libertad en la tarde del 11 de julio del año pasado en San Miguel del Padrón. “Él salió el día 11 a pedir libertad porque vivimos como animales, salió a buscar justicia. Dicen que los que salieron fueron pagados y yo vivo en pésimas condiciones, al lado de una zanja que está podrida. Una gente pagada no puede vivir así como vivimos nosotros”, expresó su novia.
Cuando Raidel fue detenido, fue trasladado a la estación de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Aguilera, en el municipio Diez de Octubre. Esa misma madrugada, fue transferido a Valle Grande, donde los guardias lo recibieron a golpes. “Me dieron patadas, piñazos; me dieron por los oídos, me partieron la boca, me pasaron la cara por la pared; me decían que no mirara a los guardias y que si me desmayaba me iban a meter la tonfa por detrás”, relató en su momento.
Hasta ahora, Raidel Guerra Godínez no ha sido juzgado, es por eso que solicita la ayuda para contratar a un abogado que pueda defenderlo una vez la dictadura programe su juicio.
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“Yo estoy sola con él. Soy la única que va a verlo y necesito que alguien me ayude”, pide Ariadna y exige su libertad. “Él no es un delincuente, él salió para pedir la libertad de todos los cubanos, para vivir dignamente”.
1.046 prisioneros políticos en #Cuba #11J
— Prisoners Defenders (@CubanDefenders) June 23, 2022
– Todos sufrieron prisión provisional por decisión, únicamente, fiscal.
– Sus abogados son del Estado.
– Los jueces trabajan para el gobierno.
– Los testigos, todos, funcionarios y policías.
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Redacción Cubanos por el Mundo
