En un caso impactante y de alto perfil que ha captado la atención de la nación namibia, el ciudadano cubano Carlos Alejandro Batista Valdés se encuentra, junto con otras 13 personas, en su mayoría ciudadanos chinos, acusado de una serie de delitos graves, entre ellos trata de personas y fraude por valor de 8,8 millones de dólares namibios. El caso, que ha planteado dudas sobre la legalidad de la detención, ha sido impugnado con vehemencia por la reconocida abogada local Sisa Namandje.
Las detenciones en cuestión tuvieron lugar a principios de este mes cuando los ciudadanos chinos Fan Jia, Guo Linzie, Zheng Haifeng, Li Zirian, Shi Zi Jun, Lin Shu Lin, Chen Wuyu, Neng Jun Wu, Wu Weiyang y Chen You Yi, junto con los ciudadanos namibios Tango Muulyau, Mdanda Mamelodi Domingo, Toivo Herman y el ciudadano cubano Carlos Alejandro Batista Valdés, fueron detenidos en varios lugares de Auasblick, Kleine Kuppe y Klein Windhoek.
El grupo, en su totalidad, fue acusado de retener ilegalmente a casi 100 jóvenes namibios contra su voluntad y explotarlos como ‘promotores de Internet’ en un plan destinado a defraudar a inversores, en su mayoría estadounidenses. Esta explotación supuestamente tuvo lugar dentro de los límites del edificio de oficinas Shapumba Towers, y se dice que ocurrió exclusivamente durante las horas nocturnas.
Sin embargo, se ha puesto en duda la legalidad de las detenciones.
Sisa Namandje, la abogada que representa a 14 de los acusados, ha argumentado que la policía de Namibia violó artículos constitucionales relacionados con la libertad y las detenciones arbitrarias. Sostiene que los sospechosos fueron detenidos durante más de 48 horas después de su arresto sin comparecer ante el tribunal, lo que, según Namandje, constituye una clara violación del artículo 7 de la Constitución, que estipula que “nadie podrá ser privado de su libertad personal excepto según a los procedimientos establecidos por la ley.”
El argumento de Namandje gira en torno a la cronología de las detenciones. Si bien la policía afirma que los sospechosos no fueron arrestados formalmente hasta el 4 de octubre, la defensa afirma que ya estaban bajo custodia el 3 de octubre, excediendo así el límite legal de 48 horas para la detención sin comparecencia ante el tribunal. Esta discrepancia en el momento de los arrestos ha provocado una acalorada batalla legal, que ha ido posponiendo el juicio de los acusados cada vez que han llegado a la corte.
Namandje cuestionó además el uso por parte del estado del término “contenido” en lugar de “arrestado” para describir el estado de los sospechosos el 3 de octubre. Destacó que el concepto de contención es extraño y que los acusados fueron efectivamente privados de su libertad incluso antes de que se produjeran arrestos formales. Sostuvo que las declaraciones contradictorias de la policía y los intentos de alterar los hechos relacionados con la detención eran inaceptables.
Las complejidades jurídicas y las controversias del caso han llevado a su aplazamiento hasta el 1 de noviembre de 2023, cuando se espera una sentencia. La defensa insiste en que sus clientes fueron detenidos ilegalmente, mientras que el Estado sostiene que los arrestos se realizaron dentro de los límites de la ley.
No se puede subestimar la gravedad de los cargos contra Carlos Alejandro Batista Valdés y sus coacusados. Se enfrentan a multitud de cargos, entre ellos trata de personas, fraude, lavado de dinero, extorsión y violaciones de inmigración. Además, se alega que utilizaron amenazas contra las familias de aproximadamente 50 estudiantes namibianos que fueron obligados a participar en sus actividades ilegales.
A medida que se desarrolla la batalla legal, el público espera con gran expectación el fallo del tribunal, ansioso por ver si Carlos Alejandro Batista Valdés y sus compañeros acusados enfrentarán la justicia por los graves delitos que supuestamente han cometido.
noticia relacionada: Un cubano, entre numerosos arrestados en Namibia por tráfico de personas
