La situación económica de Cuba, marcada por una compleja crisis financiera y el impacto de sanciones internacionales debido a sus constantes violaciones de derechos humanos y por ser un refugio de terroristas, ha llevado al gobierno cubano a enfrentar serias dificultades para garantizar el financiamiento necesario en la producción de alimentos. Esta problemática se agrava por la dependencia de la isla de las importaciones de alimentos, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población.
Históricamente, Cuba ha importado alrededor del 70-80% de los alimentos consumidos por sus habitantes, una dependencia que se ha vuelto insostenible en el contexto actual de escasez de divisas y limitaciones en el acceso a mercados financieros internacionales. La pandemia de COVID-19 exacerbó esta situación, afectando gravemente al turismo, una de las principales fuentes de ingresos en divisas para el país.
El gobierno cubano afirma que “ha intentado responder a esta crisis a través de diversas estrategias”, señala OC News, incluyendo la promoción de la agricultura urbana y el estímulo a la producción local, que se resume entre otras cosas a sembrar en los jardines, y criar peces en un estanque. ¡Esa es “la estrategia”.
Sin embargo, la falta de financiamiento y de insumos básicos, como fertilizantes y maquinaria agrícola, limita severamente las mejores iniciativas. Además, la infraestructura de distribución ineficiente y la burocracia estatal añaden más obstáculos a la distribución eficiente de los alimentos producidos. A ello súmele que, tras 63 años de promesas incumplidas, la generación actual de cubanos no quiere trabajar en Cuba para producir alimentos, ¡mucho menos hacerlo en el campo!, en medio de severas condiciones climáticas y sin que el Estado le garantice el trabajo. ¡Ni siquiera Acopio garantiza la comercialización correcta de los alimentos! Dicho así, los cubanos han perdido todo el estímulo para trabajar en el campo, viendo año tras año como se echan a perder las cosechas, y el gobierno no hace nada tampoco para impedir los robos de animales usados para la siembra y producción de alimentos.
La crisis económica también ha llevado a una inflación creciente y a la devaluación de la moneda cubana, lo que ha reducido aún más el poder adquisitivo de los ciudadanos y ha incrementado los precios de los alimentos. Esta situación ha generado un aumento en la inseguridad alimentaria y en la incidencia de la malnutrición, especialmente entre los grupos más vulnerables de la sociedad.
Ante este panorama, el gobierno cubano se enfrenta al desafío de buscar alternativas de financiamiento y de políticas económicas que permitan una mayor producción de alimentos y una mejor gestión de los recursos disponibles, lo cual, en medio del socialismo fracasado, es una quimera.
La colaboración internacional, el acceso a créditos y la inversión extranjera directa podrían ser claves en este proceso, aunque están sujetas a las dinámicas políticas y económicas tanto dentro como fuera de la isla, y dado el largo curriculum de impagos, al gobierno castrista se le hace cada día más difícil adquirir fondos para producir alimentos dentro del país.
La situación de Cuba en cuanto a la producción y financiamiento de alimentos es un reflejo de los retos económicos y sociales que enfrenta el país en su conjunto. La solución a esta problemática requiere de un enfoque integral que aborde tanto las limitaciones internas como el contexto internacional en el que se inscribe Cuba; aunque lo más ideal es que el gobierno se declarara INCOMPETENTE y permitiesen a los cubanos ser libres: incluso con su producción.
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