En un caso que destaca por su magnitud y complejidad, varios residentes cubanos en Miami han sido condenados en un esquema de fraude al seguro de salud, valorado en más de 36 millones de dólares.
La líder del grupo, la joven cubana Arisleidys Fernandez Delmas, de 33 años, fue sentenciada a 104 meses en prisión federal, seguida de tres años de libertad supervisada y una orden de restitución de 8,671,377 dólares. Este caso, que involucra a un total de 15 acusados, refleja una operación meticulosamente orquestada para defraudar a Blue Cross Blue Shield (BCBS) mediante reclamaciones por servicios de fisioterapia que nunca se proporcionaron a los pacientes.
Desde agosto de 2018 hasta febrero de 2023, los co-conspiradores del esquema pagaron sobornos a beneficiarios de planes de salud administrados por BCBS. Estos beneficiarios, empleados de compañías como JetBlue Airways, AT&T Inc., y TJX Companies Inc., fueron inducidos a actuar como pacientes en 30 clínicas de fisioterapia en el sur de Florida. Las clínicas, operadas por los co-conspiradores, presentaron luego reclamaciones fraudulentas de seguros de salud para beneficios médicos innecesarios y no proporcionados.
Además de Fernandez Delmas, otros 11 acusados se han declarado culpables en el tribunal federal del sur de Florida por su participación en el esquema. Entre ellos, Pedro Hugo Prieto Garcia y Leidys Delmas Garcia, ambos de Miami, Florida, fueron condenados a 87 y 68 meses en prisión, respectivamente, con órdenes de decomiso de cientos de miles de dólares. Otros acusados, como Julio Acosta Perez de Homestead, Florida, y Yohana Iriza (también conocida como Yohana Lozada) de Miami, Florida, recibieron condenas que varían entre 33 y 37 meses de prisión, junto con órdenes de decomiso significativas.
Este caso no solo destaca por la cantidad de involucrados y la suma defraudada, sino también por la sofisticación y el alcance del fraude. Los co-conspiradores emplearon terapeutas de masaje licenciados, varios de los cuales también fueron condenados, como “propietarios y operadores nominados” de las clínicas de fisioterapia. Esto les permitió a los líderes del esquema evadir requisitos de licencia de clínicas médicas y tratar de eludir la persecución penal.
La investigación de este caso fue llevada a cabo por el FBI en Miami, y los fiscales asistentes de los EE. UU. Will J. Rosenzweig y Michael B. Homer estuvieron a cargo de la acusación, con la asistencia de Annika Miranda en la gestión de decomiso de activos. Este caso no solo representa un golpe significativo al fraude de atención médica, sino que también subraya la importancia de la vigilancia y la acción legal en la protección de los sistemas de salud contra el abuso y la explotación.
La condena de estos individuos es un recordatorio contundente de las consecuencias legales del fraude al seguro de salud y de la seriedad con la que las autoridades estadounidenses tratan estos delitos. Además, pone de relieve la necesidad de una supervisión continua y de medidas de prevención más eficaces para proteger a las instituciones financieras y a los consumidores de prácticas fraudulentas en el sector de la salud.
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