En un juicio público reciente, el régimen cubano llevó a cabo un proceso legal contra tres ciudadanos cubanos, un hombre y dos mujeres, acusados de llevar a cabo un sabotaje contra el Archivo del Tribunal Popular de Centro Habana.
Este incidente, que tuvo lugar en el verano de 2022, fue objeto de un año de preparación por parte del régimen para la realización de este juicio público. El contexto de este proceso judicial se inscribe en una serie de campañas mediáticas donde las autoridades cubanas señalan al gobierno de Estados Unidos y a cubanos residentes en ese país como organizadores y financiadores de actos terroristas en Cuba.
Cada uno de los acusados enfrenta peticiones fiscales de privación de libertad por 30, 25 y 20 años, respectivamente, de acuerdo con el supuesto grado de implicación que tuvieron en el sabotaje.
Los acusados llevaron a cabo acciones que incluyeron lanzar dos cócteles molotov en la sala del Archivo Municipal, colocar carteles contra el régimen y, según la dictadura, atacar la sede de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), resultando en la lesión de una persona.
Un hombre y dos mujeres involucrados en acciones terroristas pagadas por mercenarios en EEUU cumplirán sanciones de 20 a 30 años de privacion de libertad. #ListaDeTerroristas #NoAlTerrorismo pic.twitter.com/lQLPlF59Y1
— MININT_CUBA (@minint_cuba) December 11, 2023
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El principal acusado en este caso, Lázaro García Ríos, admitió haber lanzado los cócteles molotov y organizar todas las operaciones tras contactar con cubanos residentes en Estados Unidos.
Yusedi Pérez, presidenta del Tribunal Municipal Popular de Centro Habana, expresó a la prensa oficialista que los jueces cubanos no están acostumbrados a enfrentar situaciones como esta, de ataques a las instituciones, insinuando que se sintieron amenazados en su seguridad.
El juicio público tuvo lugar en el Tribunal Municipal de Diez de Octubre, donde las autoridades afirmaron que los tres acusados recibieron fondos desde el exterior, a través de “recargas telefónicas” y otras vías no especificadas. Pérez destacó que las leyes cubanas, en casos de terrorismo, contemplan sanciones severas como 30 años de privación de libertad, cadena perpetua e incluso la pena de muerte.
Lo que resulta irónico e hipócrita por parte de la dictadura castrista, es que estos jóvenes cubanos hicieron lo mismo que el Movimiento 26 de Julio, 50 años atrás, con la diferencia que, esta vez, no fue a favor de sus ideales socialistas.
Redacción Cubanos por el Mundo
