La congresista de origen cubano María Elvira Salazar y sus compañeros Morgan McGarvey y Debbie Wasserman Schultz enviaron una carta formal al secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en la que le piden que conceda un “parole in place” (PIP) a todos los cubanos que llegaron a Estados Unidos con un formulario I-220A.
Esto les permitiría a los cubanos con I-220A regularizar su situación bajo la Ley de Ajuste Cubano. Los legisladores sostuvieron que los oriundos de la isla “merecen claridad, dignidad y una oportunidad equitativa para quedarse en los Estados Unidos”.
La misiva resalta la aportación de los cubanos y cubanoamericanos a “la hermosa diversidad de este país”, siendo vecinos, familiares y amigos en las comunidades. No obstante, indican que, más allá de sus contribuciones, son personas que “merecen que se respeten sus derechos”.
La solicitud se enfoca en asegurar que estos individuos no queden atrapados en un “limbo legal” que les impida las oportunidades disponibles a través de la Ley de Ajuste Cubano.
Los legisladores recuerdan que dicha ley, aprobada en 1966, creó una vía hacia la residencia permanente para los cubanos que emigran de la Isla a Estados Unidos. Sin embargo, mencionan que “los cambios recientes en la política y los fallos judiciales han creado confusión y privado injustamente a muchos cubanos de la inmigración legal y la residencia en este país”.
Los afectados por esta situación, quienes ingresaron recientemente a Estados Unidos y recibieron una “orden de liberación bajo parole” o un formulario I-220A, se les niega la posibilidad de “ajustar su estatus” y pedir su residencia. Según los legisladores, esto ha llevado a los cubanos a vivir en un estado de inquietud constante debido a la naturaleza incierta de su estatus legal y permanencia en el país, temiendo represalias si vuelven a Cuba.
La carta termina con una petición respetuosa para que el DHS otorgue un “parole in place” a los cubanos afectados que recibieron un formulario I-220A, lo que les permitiría pedir residencia permanente, como lo han hecho cientos de miles de cubanos durante décadas bajo la Ley de Ajuste Cubano. “Este PIP debe venir con toda la prontitud posible”, subrayan los legisladores.
Ya en mayo de 2023, Salazar le pidió a Mayorkas que ordenara aplicar la Ley de Ajuste a los cubanos que entraron al país con el permiso I-220A.
“Estoy plenamente consciente de lo que están pasando cerca de 300.000 cubanos que tienen la I-220A. Entiendo muy bien que la I-220A no termina en nada. Ese grupo de gente no se puede acoger a la Ley de Ajuste Cubano. Entraron y después, cuando se les acaba el permiso, ya no saben qué van a hacer porque no tienen un camino seguro”, dijo la legisladora en ese momento.
“Por eso, yo, personalmente, le dije al secretario de Homeland Security, el señor Mayorkas ―cubanoamericano, por cierto― que entienda que a esta gente hay que darle una respuesta, que puedan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano y puedan abrazar este país como lo hemos hecho tantos cubanos antes que ustedes”, agregó.
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Salazar aseguró que se encontraba trabajando para encontrar una salida legal a los miles de cubanos con I-220A.
“Yo estoy en eso”, recalcó. “Entiendo perfectamente cuál es la necesidad y estoy segura de que con el favor de Dios vamos a poder lograr que ustedes se acojan a la Ley de Ajuste Cubano, como han hecho millones de cubanos antes”, sentenció.
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Redacción Cubanos por el Mundo
