El régimen de Cuba respondió con demora a las acusaciones de trabajo forzoso formuladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según reportó la ONG Prisoners Defenders.
En su más reciente informe, la organización reveló que, a pesar de confirmar que quienes abandonan el país tienen la obligación de regresar o enfrentar posibles consecuencias legales, la respuesta del castrismo no abordó de manera específica las acusaciones concretas ni se refirió a la legislación esclavista sobre el envío de médicos cubanos a otras naciones.
Cabe destacar que el pasado 2 de enero, la ONU hizo pública la Carta Acusatoria dirigida al régimen de Cuba, acusándolo de prácticas de trabajo forzoso, consideradas como formas contemporáneas de esclavitud, como habían señalado previamente las Relatoras Especiales de Trata de Personas y de Esclavitud el 6 de noviembre de 2019. Siendo esta la primera de las tres acusaciones de esta naturaleza que recibió La Habana por parte solo de la ONU.
“La CIDH pone foco en el asunto en cada informe anual de Cuba desde 2020, el Parlamento Europeo acusó a Cuba de esta esclavitud en tres resoluciones, y así también acusaron de lo mismo al régimen de Cuba en sendos informes Human Rights Watch, Human Rights Foundation o sobre esta esclavitud escribió el British Medical Journal, entre otras muchas instituciones, organismos y ONGs, además de innumerables periódicos como el New York Times, Euronews, El País, Le Monde, Le Point, Il Giornale y cientos de periódicos y medios de prensa internacionales por todo el mundo. Una condena unánime de organismos, instituciones y medios de prensa internacionales, que incluyen los más representativos medios de prensa progresistas, entre muchos otros”, señaló Prisoners Defenders.
¡Atención! Exclusiva: la respuesta de #Cuba a @ONU_es confirma que el régimen ejerce el Esclavismo Capitalista de Estado:https://t.co/5y7DulmcRK #11JCuba #11j #esclavitud #trabajoforzoso #esclavismo #CubaEsUnaDictadura pic.twitter.com/SUSYed7NfM
— Prisoners Defenders (@PrisonersDFNdrs) January 24, 2024
Prisoners Defenders tuvo acceso a la carta de respuesta de la dictadura cubana, la cual llegó a las Naciones Unidas con un retraso de 20 días sobre el plazo de 60 días otorgado por el Relator Especial. En esta respuesta, Cuba no abordó las explícitas acusaciones relacionadas con su legislación esclavista, específicamente el Código Penal de Cuba, artículo 176, y la Resolución 368 de 202 del Mincex.
La respuesta gubernamental se limitó a afirmar que “el actuar del gobierno cubano es lícito”, haciendo referencia al “artículo 16 de la Constitución de la República de Cuba”.
Además, a pesar de que el 75% de los colaboradores de las 1.402 declaraciones juradas entregadas por Prisoners Defenders indicaron que “NO FUERON VOLUNTARIOS”, el régimen cubano sostuvo que la relación laboral se configura a partir del principio de voluntariedad. Sin embargo, no proporcionó contratos ni pruebas que respaldaran esta afirmación.
La carta de respuesta también admitió que los profesionales pueden poner fin al contrato, pero con la condición de regresar a Cuba o someterse a la legislación migratoria, que incluye el Código Penal, artículo 176, imponiendo ocho años de prisión en caso de incumplimiento. La dictadura justificó estas leyes migratorias por la supuesta necesidad de proteger los intereses del país ante un uso hostil, subversivo y desestabilizador de su política migratoria.
Prisoners Defenders destacó la ironía en la afirmación del régimen castrista de que “el trabajador puede cambiar de cargo o de lugar de trabajo”, sin abordar la posibilidad de renunciar al trabajo, la acusación más grave, según el Relator Especial.
Asimismo, la organización subrayó que Cuba no presentó contratos ni modelos de los mismos, y que el 68% de los trabajadores cubanos en el exterior no recibe contrato o copia del mismo, evidenciando la poca transparencia en las condiciones laborales de estos profesionales de salud que son enviados “de misión” a otros países.
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Redacción Cubanos por el Mundo
