En el corazón de La Habana, en el municipio Diez de Octubre, una familia cubana enfrenta una situación desgarradora. Dos niños, uno de apenas un año y tres meses y otro de seis años, llevan ya nueve meses viviendo en la más absoluta penuria, sin acceso a servicios básicos como electricidad, agua y gas. Esta dramática realidad es el resultado de un conflicto de vivienda que parece no tener fin.
La oscuridad se ha apoderado de su hogar. Las velas son su única fuente de luz desde hace nueve meses, un período extenuante que ha puesto a prueba su resistencia y su esperanza. La familia ha tocado todas las puertas posibles en busca de ayuda: la policía, la Federación de Mujeres Cubanas, la atención a la ciudadanía en Plaza de la Revolución, la empresa eléctrica, pero sus súplicas han caído en oídos sordos. Nadie parece interesado en resolver su caso.
En medio de esta injusticia, un policía juega un papel crucial, permitiendo que esta situación inhumana continúe. “¿Qué clase de oficial de justicia es ese? ¿Justicia de qué? No es fácil”, se lamenta un vecino, reflejando la indignación y la impotencia que siente la comunidad. Este oficial, lejos de ser un protector, se ha convertido en un verdugo para esta familia.
La madre de los niños, atrapada en un inmueble del que no puede salir por falta de alternativas, soporta la oscuridad y la falta de agua. Su nombre es Suleika Tamayo, y reside en Laguerela número 53, entre 8va y 9na, Lawton, Diez de Octubre.
Como si no fuera suficiente, el policía ha colocado un candado en la cisterna para impedir que ella recoja agua, agravando aún más su situación. Un vecino solidario intentó ayudar, pasándole un cable con electricidad, pero el policía amenazó con acusarlo, cortando así cualquier atisbo de esperanza.
La situación es crítica. Los mosquitos, aprovechando la falta de luz y agua, se han convertido en una plaga que atormenta a los niños, poniendo en riesgo su salud y bienestar. El menor de meses y el niño de seis años enfrentan no solo la oscuridad y la sed, sino también el acoso constante de estos insectos.
El proceso judicial por la vivienda podría extenderse hasta dos años más, lo que significaría un tiempo aún más prolongado sin electricidad para estos niños. A su corta edad, ya están siendo sometidos a una miseria abrumadora, producto de una situación que va más allá de un simple litigio de vivienda; es un reflejo de la deshumanización y el abandono por parte de las autoridades.
Este caso no es solo una tragedia para esta familia, sino también un símbolo de la lucha diaria de muchos cubanos que viven bajo la sombra de un régimen que parece haber olvidado su deber de proteger a los más vulnerables. “A los niños se los están comiendo los mosquitos” es una frase que resuena con dolor y desesperación, un grito de auxilio que, hasta ahora, ha sido ignorado.
noticia relacionada: Dos niños cubanos llevan ocho meses sin electricidad ni agua por un conflicto de vivienda en La Habana
