El régimen cubano ha anunciado la realización de un censo ganadero vacuno a partir del 1 de marzo para conocer la realidad del sector en el país. Esta medida, anunciada por Arián Gutiérrez Velázquez, director general de Ganadería del Ministerio de la Agricultura (Minag), busca obtener información actualizada sobre las existencias de ganado vacuno y caracterizar a los productores, tenentes y trabajadores contratados del sector. Actualmente, hay más de 200.000 personas registradas como poseedoras de ganado vacuno y bufalino en Cuba.
Esta acción de control especial se encuentra en la fase organizativa, con la creación de comisiones de trabajo a nivel municipal y de consejo popular. La primera etapa del censo se centrará en controlar a los tenentes de ganado bufalino y vacuno, seguida por una actualización de la tenencia de ganado mayor.
El censo se produce en un contexto de preocupación por el aumento del robo y sacrificio ilegal de ganado en Cuba. En 2022, se reportó la pérdida de más de 82.000 animales, un incremento del 145% con respecto al año anterior. Estas cifras alarmantes han tenido un impacto significativo en el sector ganadero de la isla, con consecuencias a largo plazo, reseña el portal Eurocarne.
El gobierno cubano, sin embargo, no ha divulgado cifras oficiales sobre el sacrificio ilegal de ganado, lo que aumenta la preocupación sobre la gravedad del problema y la eficacia de las medidas tomadas para solucionarlo. A pesar de la implementación del Decreto 70 del 2022, que incrementó las multas por contravenciones relacionadas con el robo y sacrificio de ganado, el fenómeno sigue siendo un desafío importante.
La provincia de Villa Clara se ha convertido en un ejemplo preocupante de este problema. A principios de 2023, la provincia experimentó un alarmante aumento en el robo y sacrificio ilegal de ganado, perdiendo un promedio de 53 cabezas de ganado al día. Las autoridades han tomado medidas enérgicas contra propietarios de ganado que mienten a las autoridades para encubrir negocios ilegales con delincuentes, aplicando con rigor el Decreto Ley 70/2022 de la Agricultura.
El Decreto Ley 70/2022 establece penalizaciones para los propietarios de ganado que no cumplan con ciertas regulaciones, como la identificación adecuada de los animales, la inscripción en el Registro Pecuario, la declaración de nacimientos y muertes de ganado, así como operaciones de compraventa y traspaso de propiedad. También se sanciona a quienes no actualicen los datos relacionados con el ganado, realicen traslados sin autorización o compren y vendan ganado sin la aprobación del organismo estatal competente.
Las autoridades esperan que la aplicación estricta de este decreto contribuya a poner fin al descontrol y la participación de delincuentes con masa ganadera, reduciendo así los delitos de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor. Sin embargo, la falta de transparencia en la divulgación de cifras oficiales y la gravedad del problema plantean dudas sobre la efectividad de estas medidas.
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