Un ciudadano de origen cubano ha sido condenado en Estados Unidos por su participación en una serie de delitos graves, marcando un hito en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Javier Hernandez, de 50 años y residente en Miami Beach, Florida, recibió una sentencia de 95 meses de prisión por su rol en un grupo de crimen organizado violento con operaciones en Cuba, México, España y el sur de Florida desde, al menos, el año 2009.
Hernandez fue declarado culpable de múltiples cargos, incluyendo conspiración para fomentar e inducir a extranjeros a entrar a los Estados Unidos sin autorización, conspiración para transportar embarcaciones robadas, conspiración para traficar ciertos vehículos motorizados, tráfico de ciertos vehículos motorizados, y conspiración para lavar dinero con el fin de promover el tráfico de propiedad robada y el soborno de funcionarios públicos. Esta sentencia es el resultado de un extenso juicio que puso en evidencia las complejas operaciones criminales de la organización.
El caso reveló que Hernandez, junto con su coacusado Ramon Reyes Aranda, de 38 años y residente en Naples, Florida, estaban involucrados en el robo de embarcaciones en la costa oeste de Florida. Las embarcaciones robadas eran transportadas a México, donde se utilizaban para financiar y facilitar las actividades ilegales de la organización. Antes del juicio, Reyes Aranda se declaró culpable de participar en una conspiración de lavado de dinero para promover el tráfico de propiedad robada y el soborno de funcionarios públicos.
La operación transnacional conocida como La Mafia Cubana en Quintana Roo, o la Mafia Cubana en Quintana Roo, fue objeto de una extensa operación multinacional dirigida por autoridades estadounidenses y mexicanas. A través de esta operación, se descubrió que varios ciudadanos cubanos residentes en México, junto con miembros mexicanos de la organización, se beneficiaban de esquemas criminales que incluían el contrabando y la extorsión de migrantes cubanos retenidos en México.
Las víctimas de la extorsión migratoria eran obligadas a proporcionar información de contacto de un familiar, a quien luego se le exigía el pago de un rescate de 10,000 dólares estadounidenses. Los familiares de las víctimas, algunos de los cuales residían en Miami, eran amenazados con torturas, inanición y asesinato de las víctimas si se negaban a pagar. Aquellos cuyos familiares lograban pagar el rescate eran liberados y enviados en autobús a la frontera de Estados Unidos con México con instrucciones para solicitar asilo político. Las víctimas cuyos familiares no podían pagar eran golpeadas, amenazadas con armas y electrocutadas hasta su rescate por las autoridades mexicanas.
Además, una vez que los acusados fueron imputados en Estados Unidos y detenidos a la espera de juicio, continuaron operando la organización buscando obstruir la justicia, violar órdenes judiciales y distribuir contrabando en un centro de detención federal. La organización pagaba sobornos a un empleado federal para introducir contrabando y sustancias controladas para su distribución en el Centro de Detención Federal (FDC) en Miami.
La condena de Hernandez y otros miembros de la organización es el resultado de los esfuerzos continuos de la Fuerza de Tarea Operación Sísifo, una asociación de múltiples agencias establecida por el Programa de Prioridad de Crimen Organizado Transnacional de las Fuerzas de Tareas para la Ejecución de la Ley contra el Crimen Organizado y el Tráfico de Drogas (OCDETF). Desde 2012, los participantes de la Fuerza de Tarea Operación Sísifo han asegurado la condena de más de treinta miembros y asociados de la organización criminal.
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