Un médico de Florida ha presentado una demanda contra Airbnb, acusando a la plataforma de alquiler vacacional de beneficiarse ilegalmente al incluir en su sitio web una propiedad que fue confiscada por el régimen de Fidel Castro en Cuba hace décadas, sin compensar adecuadamente a su familia.
La demanda, presentada en el Distrito Medio federal de Florida con sede en Orlando, marca un precedente al alegar un supuesto “tráfico” relacionado con la utilización de propiedades residenciales en la isla.
La propiedad mencionada es un edificio de seis apartamentos ubicado en una zona arbolada del barrio habanero de Marianao, que pertenecía originalmente a la familia Parreño, incluido Alberto Parreño.
En 1970, la Comisión de Resolución de Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia certificó la reclamación de Parreño sobre una parte de la propiedad, valuada entonces en $547,365.24 dólares. Sin embargo, Parreño, ciudadano estadounidense, falleció en 1972, dejando a Javier García-Bengochea, su primo y administrador de la finca, como demandante en este caso.
La demanda sostiene que Airbnb continuó listando la propiedad desde agosto de 2019 hasta mayo de 2022, a pesar de haber sido notificada sobre el reclamo pendiente, lo que sugiere un tráfico consciente y continuo de la propiedad. Aunque la compañía eliminó la lista del sitio web después de las investigaciones, aún no ha emitido comentarios sobre este caso específico.
El doctor García-Bengochea, un neurocirujano cubanoamericano de Jacksonville, ha sido un defensor activo para hacer cumplir la Ley Helms-Burton de 1996, conocida como la Ley Libertad. Esta ley permite demandar a empresas que comercian con propiedades confiscadas en Cuba.
Aunque el derecho a demandar estuvo suspendido desde su promulgación, fue restablecido por el presidente Donald Trump, desencadenando una serie de demandas contra diversas entidades. Algunos casos aún están en proceso, mientras que otros han resultado en compensaciones significativas.
Este caso subraya las complejidades legales y morales que rodean las propiedades confiscadas en Cuba, así como la responsabilidad de las empresas que operan en la isla.
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Redacción Cubanos por el Mundo
