El gobierno de Honduras, encabezado por la presidenta Xiomara Castro, se ha visto envuelto en un grave escándalo de narcotráfico que salpica directamente a su familia.
Recientemente, tanto su sobrino, José Manuel Zelaya, como su cuñado, Carlos Zelaya, renunciaron a sus cargos en medio de acusaciones de vínculos con narcotraficantes. Estas dimisiones sacudieron el panorama político hondureño y debilitaron la imagen del gobierno izquierdista de Castro, conocido por su cercanía con regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela y Miguel Díaz-Canel en Cuba.
El detonante del escándalo fue la reunión de Carlos Zelaya con capos del narcotráfico, entre ellos Juan Ramón Matta Waldurraga, hijo del reconocido narco Juan Ramón Matta Ballesteros. Aunque Zelaya admitió la reunión, aseguró no haber aceptado dinero. Sin embargo, la controversia no se hizo esperar, y tanto él como su hijo, el ministro de Defensa José Manuel Zelaya, decidieron dimitir.
Este caso también ha desatado críticas por la decisión de Xiomara Castro de cancelar el tratado de extradición con Estados Unidos, en un intento de proteger a miembros leales de su gobierno, según varios analistas.
Esta medida ha sido vista como una respuesta a las crecientes tensiones con Washington, exacerbadas por las críticas de la embajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, sobre los vínculos del gobierno con figuras sancionadas por narcotráfico, como el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López, indicó el diario La Prensa.
El escándalo ha provocado que importantes figuras del gobierno hondureño, como la embajadora de Honduras en Canadá, Beatriz Valle, presenten su renuncia por razones “éticas”, criticando la cancelación del tratado de extradición como un paso que podría tener graves consecuencias para el país, resaltó por su parte Canal 8.
Este escándalo se enmarca dentro de un contexto en el que las conexiones entre la política y el narcotráfico en Honduras han sido objeto de escrutinio, especialmente tras la condena del expresidente Juan Orlando Hernández a 45 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.
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