En una situación que ha generado polémica y descontento en Santiago de Cuba, un trabajador con más de 35 años de experiencia en Correos de Cuba se vio obligado a dejar su puesto por no poder acreditar su nivel de escolaridad, pese a su intachable trayectoria laboral.
Carlos M. Quiala Nápoles, un residente del poblado El Caney, denunció la situación en la columna Acuse de Recibo del diario oficialista Juventud Rebelde, lamentando la injusticia que esto representa tanto para el empleado afectado como para los numerosos clientes de los servicios postales.
El trabajador en cuestión, un jubilado recontratado por Correos de Cuba para continuar como porteador, vio su contrato cancelado en agosto de 2024 debido a la falta de un documento que avalara su nivel de escolaridad, específicamente el 9no grado, tras una visita de control a la empresa.
Este requisito burocrático ha prevalecido sobre más de tres décadas de servicio ejemplar. Según Quiala, el empleado era considerado uno de los mejores porteadores de la región por la administración de la Zona Postal y el Director Municipal de Correos.
A pesar de haber sido dado de baja, el trabajador continuó distribuyendo la prensa de sus clientes sin recibir remuneración, demostrando su compromiso con la comunidad.
Sin embargo, la cancelación de su contrato ha dejado en vilo a unos 133 suscriptores de prensa y a más de 300 jubilados y pensionados que dependían de sus servicios, además de otros usuarios de los servicios postales.
La situación es aún más crítica dado el contexto de crisis en que se encuentra el país, con largas jornadas de apagones, dificultades para acceder a combustibles, y retrasos en la distribución de productos básicos.
Quiala subraya que la decisión de cancelar el contrato recae en la Directora Provincial de Correos de Cuba, quien, aparentemente, tomó esta medida en previsión de una nueva visita de control a la entidad.
Sin embargo, este acto ha generado críticas sobre la falta de flexibilidad de las autoridades para reconocer la “idoneidad demostrada” del trabajador, principio que está contemplado en la legislación laboral cubana, específicamente en el Código de Trabajo (Ley 116/2013) y su reglamento, el Decreto 326/2014.
En su denuncia, Quiala cuestiona la justicia de la medida y aboga por que se aplique la normativa correspondiente para resolver esta situación sin afectar a los clientes y, sobre todo, sin desmerecer la trayectoria y el esfuerzo de un trabajador que ha dedicado la mayor parte de su vida a este servicio.
La falta de soluciones por parte de las autoridades locales para contratar personal nuevo, debido a los bajos salarios y las condiciones laborales precarias, ha hecho que esta problemática se prolongue, afectando cada vez a más personas.
La controversia plantea preguntas importantes sobre la rigidez de ciertos procedimientos administrativos en Cuba y su impacto en los servicios que afectan directamente a la población.
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